Escaramuzas legales para la destitución del presidente

Todo lo que está ocurriendo en torno al caso Lewinsky, por muy dramático y sensacionalista que pueda parecer, no son sino las escaramuzas previas a la gran batalla. Y esa gran batalla no es otra que saber si las conclusiones del fiscal especial, Kenneth Starr, conducirán a la apertura de un proceso de impeachment (destitución) presidencial por parte de la Cámara de Representantes del Congreso. Hasta ahora, sólo dos presidentes norteamericanos han sufrido la ignominia de ver iniciados sendos procesos de impeachment: Andrew Jackson, el siglo pasado, y Richard Nixon en el presente. Jackson fue declarado inocente y Nixon presentó su dimisión antes de que la Cámara terminara la instrucción del proceso.

La impresión que reina en los círculos jurídicos y legales de Washington es que, a la vista de las actuaciones realizadas hasta ahora, ni siquiera el propio Starr está convencido de que el informe reglamentario que debe someter al Congreso sobre su investigación pueda constituir base suficiente para la iniciación de un proceso de impeachment.

Naturalmente, la declaración de Lewinsky ante el gran jurado puede cambiar el escenario, especialmente si Clinton no ofrece al país una versión creíble de los hechos. Pero ni siquiera la oposición republicana se muestra muy partidaria de hacer leña de Clinton. El presidente de la comisión judicial de la Cámara, el republicano Henry Hyde, que debería estudiar el informe de Starr antes de recomendar al pleno de la Cámara la iniciación del proceso, declaró en enero que su comisión necesitaría pruebas de que Clinton había cometido "algo más que un pecadillo".

Negativa a comparecer

Orrin Hatch, presidente de la comisión paralela en el Senado y conservador a ultranza, declaró el domingo que la negativa de Clinton a comparecer ante el gran jurado podría constituir motivo de iniciación del proceso, pero se apresuró a añadir que no deseaba tal cosa.La verdad es que todos, tanto republicanos como demócratas, actúan con la vista puesta en las elecciones legislativas de noviembre, donde se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Además, los republicanos tienen siempre presente un dato que les impide lanzarse en tromba contra Clinton: el alto grado de popularidad del presidente entre los electores.

Ante esta situación, lo más probable es que el equipo jurídico de Clinton pueda conseguir su objetivo de retrasar al máximo la declaración presidencial ante el gran jurado y que la cercanía de las elecciones coloque el caso temporalmente en un segundo plano.