Dos clases de responsabilidades de Barrionuevo: política y penal

Los magistrados José Jiménez Villarejo y Gregorio García Ancos, explican en su voto particular las dos clases de responsabilidades que coinciden en el ex ministro José Barrionuevo: la política y la penal. Para ellos, el secuestro de Marey generó "una clara responsabilidad política que aún ahora se viene exigiendo desde instancias muy diversas" y "no sólo al señor Barrionuevo, sino al Gobierno y al partido que lo sustentó".

"Para nadie es un secreto", añaden, "que el caso fue utilizado profusamente por algunos partidos para atacar al Gobierno al que pertenecía Barrionuevo y ha continuado siendo utilizado después de unas elecciones que llevaron al cambio de Gobierno." Así, "cuando de unos mismos hechos se derivan responsabilidades políticas y presuntas responsabilidades penales es preciso que los jueces hagamos un riguroso ejercicio de prudencia para evitar que, subrepticiamente, la responsabilidad política venga a exigirse por la vía de la responsabilidad penal o, lo que es igual, que la primera sea sustituida por la segunda. Porque si eso ocurriese, quedaría profundamente desvirtuado el papel de los jueces en la vida pública, convertidos acaso en instrumento de la lucha política".

Bacigalupo y Canivell

El voto particular del magistrado Enrique Bacigalupo analiza el valor de las declaraciones de los coacusados. "El coacusado", dice, "declara sin obligación de decir verdad, sin prestar juramento y sin la amenaza de penas que incriminan el falso testimonio: tres condiciones que se consideran esenciales para asegurar la verdad de lo declarado por cualquier testigo".En su voto particular de 26 folios, Bacigalupo resta valor a las declaraciones de Sancristóbal, ya que su única salida era autoexculparse y convertir los hechos en un "asunto de Estado". El magistrado recuerda que Amedo y Domínguez intentaban desde hacía tiempo obtener el indulto de las gravísimas penas de prisión que tenían impuestas y pone de relieve que los beneficios penitenciarios a estos policías equivalieron a "un indulto con protección estatal". La solución dada por la Sala al problema de la prescricpción la considera carente "absolutamente de todo apoyo en el texto legal".

El juez Joaquín Martín Canivell, cuyo voto particular ocupa 15 folios, señala que Barrionuevo y Vera deben ser absueltos por falta de pruebas, pues sin las declaraciones de los coimputados éstas quedan "desarboladas y carentes de valor." Considera también que no puede rechazarse que el gobernador civil y los jefes policiales de Vicaya pudieran realizar la operación sin el conocimiento de la cúpula de Interior. Respecto a la prescripción, defiende que "en algún momento se terminen de exigir responsabilidades penales", pese a que reconoce que "produce enérgica repulsa el secuestro de un ciudadano por personas encargadas de la protección de la ciudadanía".