Andalucía crea el "contramedicamentazo" mientras negocia que no le salga más caro

El Gobierno de Andalucía aprobó ayer un decreto por el que financiará con fondos propios los 661 fármacos excluidos del pago de la Seguridad Social. Y para que los andaluces sepan quién abona las recetas, para estas medicinas serán no sólo distintas, como obliga la ley, sino que en ellas figurará la leyenda "medicamento financiado por la Junta de Andalucía". El Gobierno autónomo negocia ahora con los laboratorios para que, una vez excluidos los medicamentos de la Seguridad Social, no los suban de precio, porque ello perjudicaría a la Hacienda andaluza.

El Consejo Andaluz de Colegios Farmacéuticos y el sindicato de enfermería SATSE aplaudieron la medida. El PP la calificó de "bastarda".Los respectivos decretos aprobados por los Gobiernos central y andaluz entrarán en vigor el 1 de septiembre, por lo que no habrá desfases de tiempo que provoquen confusión en los ciudadanos.

Mientras que en el resto de España los 661 medicamentos excluidos de financiación la pública estatal serán costeados íntegramente por los usuarios, en Andalucía los pensionistas los recibirán gratis, y el resto de los ciudadanos aportará el 40% de su coste, como ocurre con las medicinas no excluidas por el Ministerio de Sanidad.

El consejero de Salud de la Junta, José Luis García de Arboleya, considera que el decreto aprobado ayer "preserva la equidad del sistema público de salud", y destacó que el Gobierno andaluz cuenta con respaldo jurídico para dar un servicio con fondos propios por encima de los mínimos establecidos en las leyes generales.

Sólo los facultativos del Servicio Andaluz de Salud y médicos con la autorización expresa de la consejería podrán expender las recetas de las 661 medicinas; y en el supuesto de que éstas queden fuera del registro general de medicamentos, la Junta de Andalucía dejará de financiarlas.

Las recetas de esos fármacos tendrá un diseño especial (verde en las de los pensionistas y rojo para los trabajadores en activo); y unas líneas diagonales especificarán que se trata de un "medicamento financiado por la Junta de Andalucía". De Arboleya argumentó sobre dicha leyenda: "Nos ha parecido oportuno ponerla".

La aplicación de esta medida no supondrá un gasto añadido para las arcas autonómicas, según el consejero. Su departamento lo tiene ya previsto en el presupuesto de gasto farmacéutico para 1998, que asciende a 158.000 millones de pesetas. "Si hubiéramos aplicado la medida del Gobierno central, gastaríamos 155.000; y esos 3.000 millones los destinaríamos a otras cosas. No debe suponer un coste adicional", comentó el consejero. Según los datos de la Junta, la prescripción de esos 661 fármacos en Andalucía supuso un coste de unos 3.500 millones en 1997.

El principal temor de la Consejería de Salud consiste en que Farmaindustria (la patronal de los laboratorios) decidida subir los precios de los fármacos excluidos de la financiación de la Seguridad Social. En ese caso, la Junta tendría que asumir un coste mayor del previsto. De Arboleya ha mantenido al menos dos reuniones con representantes de los laboratorios para que, en el caso de que se produzca un incremento de tarifas, la medida "no opere en el territorio andaluz", según afirmó el consejero.

El portavoz de sanidad del PP, el farmacéutico José Guillermo García Trenado, calificó el contramedicamentazo de decisión propia de una "república bananera, que en absoluto responde al interés de los andaluces", informa Efe. Y agregó que la medida "no se toma" en ningún país serio de Europa. También consideró que, "lejos" de defender el Estado del bienestar, responde a una actitud política "bastarda y al voto populista en el que no van a caer los andaluces".

Por su parte, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios Farmacéuticos, Manuel Fuentes, declaró a Europa Press: "La decisión es acertada, y demuestra una sensibilidad de la Administiración ante la situación de los ciudadanos andaluces".