El fiscal especial

La oficina del fiscal especial constituye una creación típicamente estadounidense y su función consiste en garantizar la independencia de los fiscales ante cualquier intento de presión por parte del poder ejecutivo.

Irónicamente, su nacimiento como organismo judicial independiente se debe a Richard Nixon, cuando el entonces presidente ordenó al fiscal general (ministro de Justicia) la destitución fulminante del fiscal Archibald Cox en plena investigación del caso Watergate.

El Congreso se dio cuenta de que en tanto en cuanto los fiscales especiales tuvieran una dependencia orgánica del Ministerio de Justicia, su independencia no estaría plenamente garantizada. En 1978, el Congreso aprueba el estatuto de la oficina del fiscal especial para actuar en los casos en que la Fiscalía General considere que se puede producir un conflicto de intereses en la investigación específica de un funcionario federal.

Los fiscales especiales son nombrados por el fiscal general de turno a propuesta de un grupo de tres jueces, que, a su vez, son designados por el presidente del Tribunal Supremo.

El fiscal general de turno, en este caso Janet Reno, se limita a sancionar la elección del grupo de magistrados, sin que el nombramiento se pueda rescindir hasta que el fiscal ha terminado su investigación.