Gobierno y sindicatos negocian la generalización del seguro de paro agrario

Gobierno y sindicatos están dispuestos a acabar con las diferencias en el seguro de desempleo de los jornaleros del campo español. Mientras 300.000 andaluces y extremeños tienen derecho al desempleo y al trabajo a través del subsidio agrario y el Plan de Empleo Rural (PER), otros 180.000 jornaleros del resto de comunidades y 125.000 excluidos del sistema en Andalucía y Extremadura carecen de protección. UGT y CCOO negocian con Trabajo fórmulas para lograr que todos los trabajadores del campo tengan la misma protección social.

El Gobierno y los sindicatos están de acuerdo en revisar el sistema de ayudas a los jornaleros para mejorar la protección social de estos trabajadores sin tener que sacrificar la supervivencia del subsidio agrario y del Plan de Empleo Rural. De acuerdo con los principios generales alcanzados, el sistema contributivo se aplicará, además, a todo el sector agrario.La negociación entre las centrales sindicales y el Gobierno podría culminar en los próximos días con un preacuerdo general sobre reforma de las ayudas y la elaboración de un borrador del presupuesto para el Plan de Empleo Rural del próximo año. El PER ha contado en 1998 con una dotación económica de 17.295 millones de pesetas.

Ahora la negociación se centra en dilucidar hasta dónde están dispuestos a permitir los sindicatos la modificación del subsidio agrario que pretende el Gobierno, para compensar el gasto que supondrá la implantación del nuevo sistema. La cifra barajada en la negociación sobre el coste que tendría la reforma puede alcanzar los 36.000 millones de pesetas.

Los sindicatos UGT y CCOO quieren saldar la deuda que desde hace 14 años mantienen con 300.000 jornaleros carentes de ayudas estatales para hacer frente al desempleo. En 1984 el que fuera presidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo, dio luz verde a un decreto elaborado por los socialistas andaluces que permitió a los jornaleros de esta comunidad autónoma tener garantizado el trabajo a través del PER y una prestación por desempleo con el subsidio agrario. De esa forma, los socialistas andaluces, con el beneplácito de los sindicatos, pusieron fin al llamado empleo comunitario.

El nuevo sistema se extendió también a Extremadura, mejorando las duras condiciones que soportaban los jornaleros. Se garantizó un nivel de renta "digno para gente que las hubiera pasado canutas", según el secretario general de la Federación Estatal de la Tierra de UGT, Juan Aguilar.

Sin embargo, las condiciones sociales logradas por la mayoría de los trabajadores de esas regiones dejaron relegado al resto de los jornaleros de España. Ahora los sindicatos quieren terminar con una situación "injusta", por la existencia de un "agravio comparativo", explica el secretario de la Federación de la Tierra de UGT.

Las organizaciones sindicales aspiran a que Andalucía y Extremadura mantengan sus derechos, a la vez que el resto de trabajadores agrícolas de España puedan contar con el sistema contributivo, incluyendo prestaciones por desempleo, al igual que el resto de los trabajadores pertenecientes al régimen general de la Seguridad Social.

Grandes diferencias

El pasado mes de febrero, Gobierno y sindicatos iniciaron unas conversaciones que están resultando "muy difíciles", según admite el dirigente ugetista. Responsables del Ministerio de Trabajo iniciaron los contactos entregando un documento en cuyo primer apartado se dejaba al descubierto la intención del Gobierno central de eliminar gradualmente el PER y el subsidio agrario, imponiendo el sistema contributivo para todos los trabajadores agrarios.Tras el rechazo frontal de los responsables sindicales, las nuevas propuestas del Gobierno se han centrado en buscar la fórmula para cumplir la "condición innegociable" de los sindicatos de salvar el PER y el subsidio agrario. Las discusiones se centran ahora en poner condiciones al acceso a las prestaciones. Los sindicatos están dispuestos a aceptar una serie de limitaciones y "endurecer" los requisitos de acceso, para que "no se descontrole" el sistema. Los más afectados serían los menores de 25 años y los mayores de 45.

Los sindicatos sintonizan con la propuesta del Gobierno para que a los menores de 25 años sin cargas familiares se les ofrezca un itinerario de formación que pasaría por una escuela taller o casa de oficios antes de tener derecho al subsidio agrario. Cumplimentado este requisito y ante la falta de empleo, los jóvenes podrán solicitar las ayudas.

Más incierto es el futuro de los mayores de 45 años que por primera vez quieran acceder al sistema agrario. De las 25.000 nuevas incorporaciones registradas el pasado año, 4.500 personas pertenecían a esta franja de edad.

El Gobierno pretende evitar que desempleados mayores de 45 años y pertenecientes a otros sectores productivos soliciten la llamada cartilla agraria. Los sindicatos no quieren limitar su entrada, especialmente si el demandante tiene cargas familiares.

Aunque el ministro de Trabajo, Javier Arenas, negó el pasado jueves cambios en el subsidio agrario, Gobierno y sindicatos han logrado acuerdos concretos como el referido a la rebaja, un 0,25%, del tope de renta de los trabajadores agrarios, excluyendo las que procedan del trabajo en el campo.

"Con ello se pone fin a la perversión existente actualmente, que penaliza a los jornaleros que más trabajan", según los portavoces sindicales. También hay sintonía entre Gobierno y sindicatos sobre el sistema de cotización. Se contabilizará la jornada real trabajada, multiplicando el 1,33% por cada peonada para calcular la prestación posterior.