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Editorial:

Tentación caudillista

CARLOS MENEM ha resistido la tentación caudillista. Ya sea por voluntad propia o forzado por las circunstancias, al no forzar una tercera elección consecutiva el presidente argentino ha evitado una inmensa equivocación política. Pues tal intento tendría que haberse hecho a costa de cambiar o violentar la Constitución y en la línea de esa peligrosa tendencia al caudillismo sólo aparentemente democrático que tiende a crecer en América Latina, ya sea en el Perú de Fujimori o en el Panamá de Pérez Valladares. Cambiar las reglas del juego en plena partida para seguir jugando el papel principal no favorece la consolidación y perfeccionamiento de la democracia en América Latina. Menos aún cuando, en el caso de Argentina fue el propio Menem el que impulsó la última reforma constitucional en 1994 que permitió una única reelección consecutiva, que el dirigente peronista aprovechó en 1995 con gran éxito.Menem había coqueteado con el proyecto de una posible tercera elección consecutiva y la convención de su Partido Justicialista el pasado fin de semana le respaldó, aunque con una profunda división en sus filas. Sin duda debe de haber contribuido a su solemne y sorpresivo anuncio de que dejará "indefectiblemente" -hay que tomarle la palabra- el cargo el 10 de diciembre del año próximo, la perspectiva de verse refutado por un referéndum al respecto en Buenos Aires, que el gobernador de esta provincia, y principal candidato peronista a las próximas presidenciales, Eduardo Duhalde, iba a convocar para septiembre. Tampoco disponía Menem, que ha de dedicarse a gobernar en los meses que le quedan, de mayoría suficiente en el Congreso para concretar su plan de reforma constitucional, y la instrumentación de la Corte Suprema de Justicia para los fines presidenciales no hubiera servido a la causa de la democracia.

Si tantos sistemas -democráticos o no- en América Latina limitaron los mandatos presidenciales fue, justamente, para evitar caer en el caudillismo y la dictadura, de tan larga y pésima tradición. Con este límite se intenta también dificultar la corrupción que puede entrañar una larga estancia en el poder en unos países donde la justicia funciona muchas veces de manera deficiente, y que han padecido en el pasado de ejecutivitis, enfermedad que implica la preponderancia del poder ejecutivo sobre el legislativo o el judicial, que tanto daño ha hecho en aquellas tierras y en las nuestras. Cuando en España y en otros países europeos se habla de recortar mandatos, mal camino tomarían los Estados latinoamericanos si siguen el opuesto, por mucho que la excusa sea siempre la de disponer de tiempo para poner en práctica los programas de reforma que propugnan quienes se quieren perpetuar en el poder.

Lo ocurrido en Perú, donde Fujimori dio el autogolpe en 1990 y ahora se ha constituido un Tribunal Constitucional a su medida para facilitar su reelección en el 2000, es una vergüenza que podría llevar al populista peruano, si repitiera, a estar tres lustros en un poder que se parece poco a una democracia homologable. En Panamá, los intentos de Pérez Valladares para ser reelegido están levantando ampollas. El mal ejemplo no debe cundir.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 23 de julio de 1998