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Un regulador fuerte

Joaquín Estefanía

El Congreso de Estados Unidos ha aprobado esta semana una partida presupuestaria para aumentar la financiación al Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyas arcas estaban exhaustas tras los préstamos concedidos en los últimos meses a diversos países asiáticos en crisis (Corea del Sur, Tailandia, Indonesia) y muy recientemente a Rusia. El Congreso, dominado mayoritariamente por los republicanos, ha autorizado una cantidad muy inferior de la que se había comprometido a aportar el presidente Clinton, pero la actitud ha sido considerada como el punto de partida para un mayor compromiso con el FMI.Para ayudar a Rusia a salir de su práctica suspensión de pagos, el FMI había tenido que acudir a una línea de crédito de emergencia; si no hubiera sido así, la liquidez del Fondo habría caído por debajo del nivel que tradicionalmente se ha considerado prudente. Con lo que se produciría una nueva paradoja: el organismo que debe acudir en auxilio de los países miembros en problemas, en dificultades por su propia insolvencia.

El papel del FMI, una de las instituciones de Bretton Woods, se amplía en un mundo en el que existe libertad absoluta de movimiento de capitales. Independientemente de la necesidad de que se profundice en la definición de lo que Robert Rubin, secretario del Tesoro norteamericano, ha denominado nueva arquitectura financiera internacional, casi todos los expertos coinciden en que la globalización ha determinado un sistema más volátil y vulnerable, y, por tanto, con mayores riesgos sistémicos; para paliar esas contingencias se requiere de un organismo -el FMI- poderoso, capaz de prevenir y corregir las crisis financieras y de arbitrar en el sistema internacional de pagos.

El director gerente del FMI, el francés Michel Camdessus, ha advertido de las dos condiciones centrales que se requieren para que el regulador sea influyente: que se renueve el consenso sobre el papel del FMI en el mundo y que tenga recursos para operar. Respecto a la primera, en los últimos tiempos se han multiplicado las críticas sobre la acción del Fondo en los países asiáticos; la corriente opositora al FMI ha partido fundamentalmente de los economistas ultraliberales que opinan que el precio de la intervención casi siempre es superior al de la no intervención. Estas críticas tienen dos contenidos: no se puede utilizar el dinero de los contribuyentes de los países miembros del Fondo para salvar a los inversores que han arriesgado y han perdido su dinero; y los malos inversores deben pagar muy caras sus decisiones heterodoxas y servir de escarmiento a los especuladores que quieran imitarlos en el futuro, en otros lugares del mundo.

En cuanto a los recursos necesarios, han sido los republicanos norteamericanos, aquejados de la enfermedad del aislacionismo político y económico, quienes más reparos han puesto a la actividad del FMI. Recuérdense algunos de los condicionamientos que ponían para votar al aumento de la contribución norteamericana al FMI: auditoría de las cuentas del organismo (atención a la investigación interna que ha abierto en su seno el Banco Mundial, una institución hermana del FMI, por corrupción y cobro de comisiones ilegales); requisitos más estrictos a los países que solicitan los paquetes de ayudas crediticias, y denegación de los préstamos solicitados por los países que ¡promuevan el aborto!, esto último defendido por los representantes más derechosos. Clinton prometió luchar contra las tendencias aislacionistas.

El FMI tiene ante sí dos retos: demostrar que sus recetas están teniendo éxito en Asia y legitimar su medicina económica, puesta en cuestión de manera muy abierta por bastantes analistas, y asimilar sus nuevas funciones, aprobadas en su última reunión de primavera, celebrada en el mes de abril en Washington. Éstas consisten en lanzar advertencias confidenciales, en un primer momento, a los países miembros a los que que considere en peligro de colapso financiero, y, si estas recomendaciones discretas no obtuvieran ningún resultado, el FMI se reserva la facultad de hacer las advertencias de modo público. Un órdago que el Fondo todavía no ha usado en ninguna ocasión.

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