Absueltos de delito ecológico por falta de pruebas tres cargos directivos de Rocalla

El Juzgado de lo Penal número 21 de Barcelona ha absuelto a tres directivos de la empresa Rocalla de delito ecológico supuestamente cometido al almacenar de manera ilegal residuos tóxicos tras el cierre de la factoría de Castelldefels (Baix Llobregat). El fiscal de Medio Ambiente de Cataluña, José Joaquín Pérez de Gregorio, solicitó en el juicio sendas penas de cuatro años de cárcel y multas de 7,5 millones de pesetas, pero el juez ha considerado que no se ha demostrado el almacenamiento ilegal de los residuos. Los empresarios absueltos son José Luis Francesc, Tomás Antonio Aparicio y José María Borrull, que cuando ocurrieron los hechos eran presidente del consejo de administración, gerente y director industrial de Rocalla, respectivamente. El fiscal también afirmó en el juicio que los residuos produjeron emanaciones tóxicas que entre el 23 y el 29 de noviembre de 1993 afectaron a 18 alumnos de dos institutos situados alrededor de la fábrica (los jóvenes sufrieron vómitos, lipotimias y otros síntomas). Por ello acusó también a los tres directivos de 18 faltas de lesiones y solicitó sendas penas de 20 días de arresto por cada falta y 10.000 pesetas de indemnización por cada día que duró el restablecimiento de los afectados. El magistrado Antoni Climent considera, por el contrario, que "se desconoce la etiología concreta de las afecciones" que sufrieron los alumnos y califica de "conclusiones especulativas" los informes de los médicos de Castelldefels que los reconocieron. Ninguno de ellos compareció en el juicio a declarar. Del mismo modo, el juez recuerda que "los leves e inconcretos síntomas" que presentaron los alumnos pudieron deberse tanto a "una intoxicación como a un cuadro vírico gripal", como expuso un médico de la defensa. La sentencia explica que el 8 de noviembre de 1993 unos desconocidos entraron en los solares de Rocalla y destrozaron el material que allí se almacenaba. Los directivos de la empresa presentaron denuncia y la Junta de Residuos, dependiente de la Generalitat, les abrió expediente, pero lo acabó archivando. Sin embargo, el fiscal sostiene que Tomás A. Aparicio ordenó denunciar los hechos a un subordinado para tapar la responsabilidad de la empresa por el abandono de los residuos. Por eso el fiscal le acusó también de simulación de delito, pero la sentencia recuerda que el director del instituto "manifestó literalmente que todo el mundo sabía desde un principio que los gamberros causaron los destrozos de Rocalla".