Francia prepara una ley contra el secreto nuclear

El primer ministro francés, Lionel Jospin, se ha comprometido a presentar una ley destinada a poner fin a la cultura del secreto que impera en el terreno nuclear. La idea de crear una autoridad independiente capaz de asegurar el control y vigilancia de las fuentes radiactivas, incluidas las militares, y de garantizar la trasparencia de la información constituye un elemento central en ese proyecto, tadavía en gestacion, que prepara el jefe de Gobierno francés.De forma más inmediata, el Ejecutivo de París debe determinar los emplazamiento subterráneos en los que deben instalarse los laboratorios dedicados a investigar las condiciones necesarias para el almacenamiento de los desechos nucleares de alta actividad. Llegado el momento, previsiblemente antes del 2006, uno de estos emplazamientos subterráneos será destinado a cementerio nuclear.

Por encargo de Jospin, el diputado socialista y experto en el materia Jean-Yves Le Déaut ha elaborado un amplio informe en el que, tras confirmar globalmente la seguridad del sistema nuclear francés, denuncia severamente la multiplicación progresiva de pequeños incidentes que ponen al descubierto los fallos y lagunas y minan la confianza de la población en una fuente de energía que aporta el 80% de la electricidad que consumen los franceses. El experto cuestiona seriamente el funcionamiento de los organismos encargados de la radioprotección, así como la aparición de zonas de sombra y de ausencia, en la práctica, del control estatal.

Tras subrayar que Francia es el único gran país nuclear que no dispone de una ley específica sobre la materia, el diputado indica que la multiplicidad actual de organismos encargados de velar por la seguridad nuclear, un total de 19, es contraproducente, en la medida en que contribuye a difuminar las responsabilides. Jean-Yves Le Déaut aboga por una profunda reorganización de estos organismos bajo la supervisión de una autoridad independiente. De acuerdo con su propuesta, el director de ese ente independiente sería nombrado por el presidente de la república y controlado por el Parlamento.