Deuda y desarrollo
La Comisión sobre Derechos Humanos de Naciones Unidas, durante su última reunión anual, celebrada en Ginebra en marzo y abril de 1998, decidió designar un ponente especial para que investigue el impacto de la deuda exterior en el desarrollo de los países subdesarrollados de renta baja. Aunque esta decisión no salió en primera plana, tiene una importancia legal y política considerable porque implica que los niveles de deuda actuales de muchos países tal vez violen el derecho inalienable de todos los individuos y de todos los pueblos al desarrollo. La deuda exterior total de los países subdesarrollados ronda los dos billones de dólares, de los cuales 250.000 millones corresponden a los 41 "países menos desarrollados", unas condiciones que el Banco Mundial considera insostenibles. La crisis de la deuda heredada de la década de los ochenta sigue teniendo graves repercusiones para las poblaciones de los países en vías de desarrollo, sobre todo en el África subsahariana y en el sur de Asia. Pero también afecta a los países industrializados, que están perdiendo oportunidades para el crecimiento en un momento en que los mercados se mundializan rápidamente.Los países pobres altamente endeudados son incapaces de movilizar los recursos que necesitan para romper el ciclo de pobreza, para desarrollarse y para integrarse en la economía mundial. En 1995, Mozambique dedicó un 33% de su presupuesto al servicio de la deuda, comparado con un 3,3% para sanidad y un 7,9% para educación. La deuda exterior de Nigeria alcanza casi los 1.600 millones de dólares, y este país emplea cada año dos tercios de sus recursos nacionales en el servicio de la deuda. En el Índice de Desarrollo Humano calculado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, estos países se sitúan, respectivamente, en los puestos 166º y 173º entre un total de 174 naciones. La esperanza de vida en dichos países está por debajo de los 47 años, mientras que en Canadá y Francia, países que ocupan los dos primeros puestos, es de 80 años. El secretario general de la ONU, Kofi Anan, ha descrito la deuda como "una cruz que África lleva a cuestas" y que frena el desarrollo y el crecimiento económico. No se puede permitir que el problema de la deuda persista. En el actual contexto de mundialización, tiene que ser resuelto con el compromiso de toda la comunidad internacional.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial desempeñan un papel crucial en el tratamiento de la deuda exterior. Durante varios años, estas dos instituciones han recibido más dinero del que han prestado a países seriamente agobiados por la deuda y suelen ser los primeros acreedores a los que hay que reembolsar. Sin duda, esto es una disfunción del metabolismo económico. Hay que reestructurar la deuda para no dejar a los países pobres con lo justo para subsistir, sino con ingresos suficientes para reanudar el crecimiento. Ningún tribunal de un país industrializado exigiría a un deudor particular plazos tan elevados que le impidieran disfrutar de un nivel de vida decente. Es una vergüenza que los países más privilegiados puedan negar a las poblaciones de los países pobres un derecho tan fundamental como es el desarrollo social. Es imprescindible que se reajusten los plazos de la amortización.
En muchos casos, se tiene que reducir, o incluso eliminar, la cantidad total de la deuda. Los países acreedores podrían inspirarse en los criterios aplicados en el Acuerdo de Londres de 1953 a la deuda acumulada de Alemania tras las dos guerras mundiales. La supervivencia económica del país se antepuso a la amortización total de su deuda, lo cual le permitió participar en su propio desarrollo, o, en este caso, en su propia reconstrucción. El propósito del tratado era evitar "trastornar la economía alemana a través de repercusiones no deseadas para la situación financiera interna o agotar indebidamente la reserva de divisas actual o potencial, y procurar no aumentar apreciablemente la carga financiera de cualquiera de los tres gobiernos". A Alemania se le alivió considerablemente la deuda. Sin duda, éste es un modelo que se podría emular hoy. También hay que desligar la cancelación parcial o total de la deuda de la situación política y económica. Por su parte, los países deudores deben comprometerse a poner en práctica reformas que garanticen la transparencia y la responsabilidad en la gestión y administración de su economía.
Los que se oponen al perdón total o parcial de la deuda alegan que equivaldría a recompensar la mala gestión. Una solución que propiciaría una buena gestión y que al mismo tiempo restituiría la capacidad y la dignidad a los países pobres con deudas elevadas sería exigir a los países deudores que devolvieran el resto de la deuda y los intereses correspondientes, con la condición de que los países acreedores utilicen los reembolsos para financiar medidas para el desarrollo humano en los países deudores afectados. Así, los gobiernos prestamistas que afirman que no pueden aumentar su ayuda oficial al desarrollo -que en 25 años ha caído hasta su nivel más bajo- podrían incluir las amortizaciones reinvertidas como parte de su presupuesto oficial para la ayuda y acercarse más al objetivo de la ONU del 0,7% del producto nacional bruto, reconocido durante más de 20 años como lo mínimo.
