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Bilbao inicia la venta de sus 6.200 pisos, el mayor parque de España

El Ayuntamiento de Bilbao ha iniciado el proceso para desprenderse de su parque de viviendas,que, con 6.281 pisos, es el mayor del País Vasco y de España. El Consistorio ofrecerá la compra de los inmuebles, desperdigados por una veintena de barrios humildes de la capital, a sus actuales inquilinos, que los habitaban desde hace 40 años. El precio se rá asequible -se habla de entre dos y tres millones- y variará en función de sus rentas. La posibilidad de comprar las viviendas erradicará un problema que se había suscitado con las más de 6.000 familias que las tienen en régimen de alquiler. La gran mayoría de los inquilinos reclamaba el acceso a la propiedad de los pisos, pero la legislación obligaba a hacerlo mediante subasta pública, lo que no garantizaba el cumplimiento de sus deseos. La ley de Patrimonio y Suelo, aprobada por el Parlamento vasco el pasado 29 de junio, ha solventado los inconvenientes, al establecer que "podrán enajenarse bienes directamente en el caso de edificios de viviendas públicas de titularidad municipal o de organismos y empresas mercantiles dependientes, cuando los peticionarios sean sus ocupantes legales". PASA A LA PÁGINA 3

El Ayuntamiento destinará los beneficios de la venta de los pisos a promover viviendas sociales

VIENE DE LA PÁGINA 1 La concejal de Bienestar Social, Begoña Gil (PSE-EE), valoró que han desaparecido "las trabas legales que tenían paralizada la venta". La adquisición de las viviendas se encontraba en punto muerto desde el pasado año y había motivado protestas semanales de vecinos afectados, con manifestaciones por la capital y concentraciones ante el Ayuntamiento. El hecho de que parte de las viviendas estuvieran gestionadas por una sociedad comanditaria por acciones -el 52% del Ayuntamiento bilbaíno y el resto, de entidades privadas- dificultaba la venta directa al inquilino y obligaba a la celebración de la tradicional subasta pública. Una opción que no interesaba ni al ocupante, al aumentar el precio sin asegurarle la adquisición, ni al Ayuntamiento, que busca ante todo solucionar un problema enquistado. Por ello, tras consultar con otros ayuntamientos españoles con una problemática similar, se encargó un informe a un catedrático de Derecho. En el estudio, presentado por la concejal de Bienestar Social, se da luz verde a la venta directa para los inquilinos con rentas bajas y se fija la subasta en el resto de arrendatarios. "El informe viene refrendado por la Ley de Patrimonio y Suelo de 29 de junio", dijo Begoña Gil. En este sentido anunció que se establecerá un límite de renta para acceder a la compra, "con el fin de que se beneficie gente con economías débiles" y habrá cláusulas contra la especulación. "No se podrán vender en diez años y se reserva la facultad del Ayuntamiento de volver a adquirir los pisos". Los inquilinos que prefieran seguir con el alquiler mantendrán las condiciones actuales. "No se obliga a nadie a comprar la vivienda". El Ayuntamiento destinará los beneficios obtenidos a la promoción de nuevas viviendas. "No sólo favorecemos a los actuales inquilinos sino, sobre todo, se trata de obtener recursos para construir nuevas viviendas sociales y hacer frente a la demanda de 2.800 bilbaínos que reclaman pisos. Ahora, hay una rotación de 150 viviendas anuales, insuficiente para reducir la lista de espera", añadió. Según cálculos de los partidos de la oposición, con la operación se podrían conseguir más de 20.000 millones, casi la mitad del presupuesto anual del Ayuntamiento de Bilbao. En los últimos tres años, el Consistorio ha vendido un millar de viviendas en el barrio de Otxarkoaga, donde los trámites están más avanzados. En el resto de barrios, con 6.200 pisos, "empezamos de cero, haciendo primero el informe de valoración. No hay plazos, pero daremos la mayor prioridad posible", aseguró Begoña Gil.

Patrimonio del franquismo

Las llamadas viviendas municipales totalizaban en Bilbao casi 7.500 inmuebles. En su mayoría fueron promovidos a mediados de siglo por el régimen franquista, en barrios populosos para frenar el chabolismo y facilitar un asequible a los inmigrantes que llegaban a Vizcaya. El proyecto consistía en que los inquilinos pagasen a plazos su piso para que pasase a su propiedad en un futuro. Sin embargo, ante la falta de liquidez económica, la gran mayoría optó por el alquiler. Y en barrios como Otxarkoaga, donde se edificaron cerca de 3.000 viviendas, tan sólo 373 familias eligieron el pago a plazos. Con la cesión de las viviendas de Otxarkoaga al Ayuntamiento por parte de Gobierno y el acceso a la propiedad de quienes las pagaron a plazos, empezaron los problemas. Los inquilinos reclamaron idénticas prerrogativas y, finalmente, la sociedad Viviendas Municipales -encargada de la gestión- decidió que se vendieran los bloques en los que un 80% de inquilinos estuviera dispuesto a la compra. La presión vecinal obligó a eliminar el porcentaje. El problema se trasladó entonces a los diez barrios gestionados por la sociedad comanditaria, cuyos inquilinos exigían la venta directa. Al final, la nueva ley del Gobierno vasco ha facilitado el arreglo.

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