La rotura de otra balsa minera evidencia de nuevo el descontrol de las administraciones

La importancia de la rotura el pasado jueves de la balsa de una empresa de áridos en San José del Valle (Cádiz) está más marcada por la catástrofe de Aznalcóllar, ocurrida hace un par de meses, que por sus propios efectos. La segunda rotura de una balsa en tan corto espacio de tiempo ha puesto de manifiesto que las administraciones central y autonómica siguen descoordinadas frente a este tipo de accidentes. La Junta y la Delegación del Gobierno se enzarzaron ayer en una nueva disputa meramente política. Y de nuevo hay discrepancias sobre quién debía vigilar.

La rotura de la balsa de San José del Valle ha mostrado otra vez la maraña legal sobre estos asuntos. Por un lado, si los vertidos llegan a los ríos u otros cauces de aguas, corresponde al Ministerio de Medio Ambiente tomar cartas en el asunto. Sin embargo, recae sobre la Junta de Andalucía la responsabilidad de vigilar las balsas y supervisar que las empresas mineras garantizan su seguridad, ya sea de forma directa o subcontratando técnicos especializados de otra empresa como es el caso de Geocisa en la balsa de Aznalcóllar. Pero según asegura la compañía arenera gaditana, los expertos de la junta habían examinado hacía un mes escaso los taludes de su balsa. Y el boquete se abrió por un descuido con una retroexcavadora, explican.

"Algo que pasa"

El consejero de Industria, Guillermo Gutiérrez, que restó importancia a la rotura de la pared de la balsa por considerar que es "algo que pasa desgraciadamente en Andalucía en algunas ocasiones", negó que sea su departamento el que deba velar por la seguridad de estas construcciones: "La garantía de que las balsas no se rompan la tienen que dar las empresas, pero aun así hemos encargado un estudio de la estabilidad de todas las balsas de Andalucía a la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid".En el lado gubernamental, el secretario general de Medio Ambiente anunció ayer en Baeza (Jaén) que su departamento ha encargado al instituto Geológico Minero un inventario de depósitos que contengan sustancias tóxicas en toda España. Y el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Miguel Osuna, se defendió ayer de las críticas de los responsables de la Junta de Andalucía , que le acusaban de haberse precipitado al informar sobre la rotura de la citada balsa. (El hecho no se hizo público hasta 10 horas después haber ocurrido). "La información fue trasladada por algunos ganaderos a los medios de comunicación y yo me limité a confirmar los datos posibles", se disculpó. Osuna explicó que la decisión de recomendar a los ganaderos que impidieran a sus vacas beber en el arroyo "obedeció a la prudencia lógica, pues la excesiva concentración de lodos en el agua podía ocasionar problemas a los animales", informa Antonio Hernández-Rodicio.

En el otro lado de la barrera política , el delegado en Cádiz del Gobierno andaluz (PSOE), Francisco Menacho, dijo ayer que Osuna actuó "con una grave irresponsabilidad" y lo culpó de haber "retenido durante 10 horas la información" antes de comunicársela a la Junta. El subdelegado en Cádiz del Ejecutivo central replicó que una hora después del suceso había trasladado al Servicio Andaluz de Salud una petición de análisis. "Si la Consejería de Gobernación no lo sabía es por un problema de coordinación interno", añadió.

Y también hay polémica y división entre administraciones respecto a la cantidad de agua con arcilla que se escapó por la brecha de apenas un decena de metros. Mientras la Delegación del Gobierno sostiene que fueron 30.000 metros cúbicos, el alcalde de San José ( el socialista José María García) y el representante de la administración andaluza en la provincia aseguran que fue una cantidad diez veces menor. La propia empresa, Asirosa, sostiene que la capacidad de la presa no llega a los 5.000 metros cúbicos.

Los representantes del Ejecutivo central apoyan sus afirmaciones en los datos que les ofrecieron los técnicos de la Guardia Civil, que analizaron la rotura sobre el terreno. Desde la Comandancia de la Guardia Civil en Cádiz se insistía ayer en las cifras ofrecidas en un primer momento.

Así, el consejero andaluz de Medio Ambiente, José Luis Blanco, se apresuró a culpar al Gobierno central de "utilizar la Guardia Civil como elemento de confrontación política", informa Cándido Romaguera.