Dos peritos cifran en 39 millones la indemnización a Marey por su secuestro

Dos peritos propuestos por la defensa de Segundo Marey estimaron ayer en 39.336.700 pesetas la indemnización que le corresponde por los perjuicios derivados de su secuestro en diciembre de 1983. No obstante, la abogada de Marey, Olga Tubau, estimó que su cliente tiene derecho a 125 millones de pesetas tanto por los perjuicios económicos como por los daños físicos y morales. El fiscal estima que la indemnización debe ser de 35 millones de pesetas.

La 17ª sesión del juicio del caso Marey se abrió con la declaración de Antonio Torrente Castell y Amalia Xifré Ferrer-Fábrega, economistas expertos en seguros y auditoría de cuentas, propuestos como peritos por la defensa de Marey. Ambos hicieron una valoración de los perjuicios sufridos por Segundo Marey como consecuencia de los diez días que pasó secuestrado por los GAL.En total, los peritos consideran que al perjudicado le corresponden más de 39 millones de pesetas, desglosados de la forma siguiente: 3.500.000 pesetas por los daños físicos; 1.200.000, por los 150 días de incapacidad laboral transitoria que le ocasionó el secuestro; 14.779.890, por el lucro cesante (la pérdida de ingresos que tuvo hasta su jubilación), y 19.855.000, por el dinero dejado de percibir en cotizaciones que afectan precisamente a su pensión.

Torrente, que utilizó para la cuantificación de los daños los baremos usuales para indemnizaciones por accidentes de tráfico, reconoció que resulta imposible evaluar la compensación que le corresponde a Marey por los daños morales.

El abogado del Estado, Ricardo Miñarro, mostró su desacuerdo con las estimaciones económicas realizadas por Torrente y Xifré. Sólo coincidió con los peritos en la imposibilidad de concretar los daños morales sufridos por la víctima, cuestión que dejó al criterio del tribunal, y se opuso a que el Estado sea declarado responsable civil subsidiario.

Manuel Murillo, defensor del ex jefe superior de Policía de Bilbao Francisco Álvarez, resaltó el hecho de que los ingresos de Marey se incrementaron de forma constante en los años siguientes al del secuestro. Subrayó como ejemplo que en 1983, año del secuestro, Marey obtuvo unos ingresos de 83.000 francos franceses y, en cambio, en 1992 consiguió unas rentas aproximadas de 103.000 francos. Uno de los peritos confirmó este hecho, aunque matizó que las ganancias de Marey podrían haber sido mayores de no haber descendido su actividad laboral (era representante de muebles y material de oficina).

Al término de esta prueba pericial, la sesión estuvo dedicada a la prueba documental, con la lectura de numerosas declaraciones sumariales de los procesados, a petición de los acusadores populares. Esto provocó frecuentes choques dialécticos entre abogados de la acusación y la defensa.

Juicios paralelos

Uno de los letrados, Manuel Murillo, llegó a proponer que la lectura de tales documentos se hiciera a puerta cerrada y sin la presencia de periodistas para evitar "juicios paralelos". Además, entendió que debía mantenerse el secreto sumarial, ya que algunos de los procesados se habían negado a declarar en el juicio sobre aspectos de los que sí habían hablado ante el juez instructor. "Debe mantenerse el derecho a la intimidad de las personas", comentó Murillo al finalizar la sesión.El presidente del tribunal, José Jiménez Villarejo, tranquilizó al defensor del comisario Álvarez diciendo: "Este tribunal no está asistiendo a ningún juicio paralelo en la prensa. Esta sala sólo atiende al juicio que se desarrolla ante este tribunal".

Ante los numerosos documentos cuya lectura solicitó el acusador José Luis Galán, Jiménez Villarejo le advirtió: "El proceso inquisitivo se iniciaba con la lectura de las actuaciones. Así se hacía en los viejos consejos de guerra. Espero que la sensibilidad constitucional de las partes no permitirá convertir el proceso acusatorio en un proceso inquisitivo".

La secretaria leyó declaraciones de los ex policías José Amedo y Michel Domínguez sobre el dinero procedente de Interior que recibieron en las cuentas abiertas en Suiza a nombre de sus esposas. Ante las protestas de varios defensores, que argumentaban que este aspecto forma parte de otra causa judicial, el acusador Teodoro Mota replicó que sólo intentaba determinar si hubo "oferta de pagos [a los procesados] para que guardaran silencio". Según Jorge Manrique, abogado de Amedo y Domínguez, éstos "siempre han dicho que se trataba de una indemnización por pérdida de trabajo, no para que guardaran silencio".

También se leyeron declaraciones del ex gobernador civil de Vizcaya Julián Sancristóbal, en las que implica al ex ministro del Interior José Barrionuevo y al ex secretario de Estado Rafael Vera, y los comunicados firmados por los GAL.