El TSJPV legitima a UGT-Rioja para recurrir el impuesto de sociedades

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) considera que UGT-Rioja está legitimada para "ejercitar pretensiones procesales" en los recursos que presentó contra el impuesto de sociedades vasco, según ha señalado este sindicato riojano. Esa legitimidad, añade, se debe a que UGT, según la sentencia, "representa intereses laborales colectivos que, en este caso, se concretan, en anular dichas normas forales" por "los inconvenientes y los efectos indirectos negativos que las mismas originan en el mercado de trabajo de La Rioja, dada su condición de comunidad limítrofe". Las diputaciones forales de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, el Gobierno vasco, la Confederación Empresarial Vasca (Confebask) y la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao alegaron la existencia de una falta de legitimación activa de UGT-Rioja en este proceso. Esta postura del TSJPV es similar a la ya mantenida ante los recursos presentados contra el impuesto de sociedades vasco por la Federación de Empresarios de La Rioja y la Cámara de Comercio e Industria riojana, a los que también reconoció este tribunal su legimitimidad en el proceso. No lo hizo en cambio con el recurso presentado por el Gobierno riojano. El consejero de Hacienda de La Rioja, Juan José Muñoz, indicó el pasado 29 de abril, cuando se conoció la sentencia a favor de la legitimidad de la Federación de Empresarios y Cámara de Comercio riojanas: "Nuestro Gobierno está contento de que el Tribunal Superior vasco tenga que analizar el fondo de los recursos presentados contra estas normas y no se quede en la forma". Y añadió que "el tribunal tendrá que analizar el fondo de la cuestión y pronunciarse sobre el mismo", aunque no lo haga a través de un recurso del Gobierno riojano, sino por medio de los similares presentados por las organizaciones empresariales y sindicatos de la región. Las normas forales de Guipúzcoa 7/96; de Álava 24/96 y de Vizcaya 3/96 fueron impugnadas ante el Tribunal Superior por el Gobierno de La Rioja; la Federación de Empresarios, la Cámara de Comercio, UGT y CC OO de la comunidad riojana.