El Consell debe a los ayuntamientos el 40% de las ayudas sociales de 1997

La Generalitat todavía no ha pagado a los ayuntamientos valencianos el 40% de las ayudas concedidas para financiar sus servicios sociales durante 1997. El diputado provincial de Nova Esquerra (NE), Vicent Soriano, denuncia que de los 3.135 millones de pesetas asignados a los municipios para estos fines sociales, la Consejería de Bienestar Social aún les debe cerca de 1.250. Estas ayudas las dedican los consistorios a pagar a los asistentes sociales y a mantener los centros de atención social. Además, los fondos de la consejería se destinan a políticas activas de ayuda a los sectores más desprotegidos de la sociedad (desarrollo de programas de atención primaria, de prestaciones básicas, de emergencia social y de convivencia). Este dinero también permite realizar programas de prevención e inserción social para evitar la delincuencia juvenil en barrios deprimidos. Por último, los fondos sufragan la atención a los menores sujetos a medidas judiciales en medio abierto. Un programa que ya venía atravesando una situación precaria y que ha suscitado las quejas de los juzgados de menores por el incumplimiento de estas medidas. NE reprocha que el gobierno valenciano del PP le debe, además, a los ayuntamientos el 40% de la Prestación Económica Reglada (PER), una de las líneas que conforman el programa de ayudas a familias y adopción, y que se destina a pagarles pequeños subsidios a personas en situación de extrema pobreza. Todos estos millones adeudados por la Generalitat, en materia de servicios sociales y del PER, han tenido que ser adelantados por los ayuntamientos que no podían aplazar el pago de los sueldos de los asistentes sociales, las ayudas a personas sin recursos, los programas de intervención y el mantenimiento de los centros. "El impago de la Generalitat", razona Soriano, "complica la situación económica de los consistorios, que ya soportaban una mayor carga desde 1995 por el recorte de las subvenciones en servicios sociales y empleo impuesto por el gobierno del PP". La situación aún es peor para los municipios de la provincia de Valencia. El equipo de gobierno del PP en la Diputación confirmó hace dos semanas que la Consejería de Sanidad aún le debe al ente provincial 1.500 millones de la subvención de este año para el Hospital General. Sanidad sólo ha pagado las cuotas de enero y febrero. NE considera que esta deuda dificulta que la Diputación salde las inversiones y subvenciones que tiene pendientes en los municipios.