El Tribunal de Cuentas centrará su vigilancia en la contratación de personal y las subvenciones públicas

El presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, Rafael Iturriaga, lanzó ayer una advertencia a las administraciones de Euskadi: el programa de trabajo del órgano fiscalizador hasta el año 2000 incluye prestar atención preferente a la contratación de personal y a las subvenciones y avales que concede el Gobierno vasco. Estos dos aspectos se han revelado como las principales áreas de riesgo en los análisis que realiza el tribunal. Iturriaga anunció además en la comisión de Hacienda del Parlamento su intención de evaluar la eficacia con la que se gasta el dinero público.

Iturriaga acudió por vez primera a la comisión como presidente del tribunal para presentar su plan de trabajo en el periodo 1998-2000. El Tribunal de Cuentas no ha logrado en sus casi diez años de vida controlar la eficiencia con que las administraciones gastan el dinero público. Hasta ahora, se ha limitado a realizar análisis de legalidad de los aspectos contables y financieros y detallar los incumplimientos en estos campos. La voluntad del órgano que preside Iturriaga es adentrarse desde ahora en el terreno de la auditoría operativa. Para ello, las administraciones vascas -ayuntamientos, diputaciones y Gobierno- tendrán que realizar unos presupuestos más detallados que los actuales, donde especifiquen cuáles son sus programas, qué objetivos tienen, qué acciones pretenden realizar para cumplirlos y cuáles son los indicadores para evaluar la gestión. "Si dispusiéramos de esa información", señaló Iturriaga, "podríamos hacer un trabajo de auditoría operativa razonable para que el Parlamento adopte posturas políticas sobre el gasto y los presupuestos". Tendencia al continuismo El principal problema que advierte Iturriaga se centra en la tendencia de las administraciones al continuismo. "La rutina les come", afirmó el presidente del tribunal. "Cuando se hacen presupuestos", explicó, "hay una lógica burocrática en virtud de la cual toda dependencia administrativa tiene que tener el dinero que tuvo el año anterior y un poco más porque si se merma pierde peso burocrático y político. Esa lógica lleva a una forma de presupuestar muy fácil, pero poco eficaz". El programa de trabajo del Tribunal de Cuentas hasta el año 2000 incluye informes de fiscalización del conjunto del sector público. Iturriaga avisó que los análisis van a dedicar una atención especial a comprobar si las contrataciones de personal y de servicios cumplen con todos los requisitos de legalidad exigidos por la ley. También incluyó las subvenciones y avales concedidos por el Gobierno vasco. En una reciente entrevista con este periódico ya comentó que "la legalidad en materia de personal es lo primero que pasan por alto las sociedades públicas". Entre otros informes, el tribunal fiscalizará las cuentas de la UPV. El área de mayor riesgo de incumplimientos de la Universidad es la de personal, según indicó Iturriaga. En los ayuntamientos de Guipúzcoa, los mayores riesgos se encuentran en las subvenciones y el endeudamiento por habitante; en los municipios de Álava, la dispersión del gasto en entidades supra e inframunicipales y en los consistorios de Vizcaya, las insolvencias y créditos de dudoso cobro, los convenios urbanísticos y la contratación de personal y servicios. En cuanto a las diputaciones, el informe del Tribunal analizará sobre todo las subvenciones concedidas por el Ejecutivo foral de Guipúzcoa; en la de Álava, se abordará la legalidad y la eficacia en los ingresos presupuestarios y en la de Vizcaya, la gestión de ingresos, la contratación, subvenciones y el endeudamiento creciente. En los organismos autónomos y las sociedades públicas, el tribunal atenderá, sobre todo, las áreas de personal y el control de inventarios. Como prioridad, destaca un informe de fiscalización sobre los recursos económicos destinados por las administraciones al Museo Guggenheim de Bilbao. También analizará los mecanismos que se han seguido para seleccionar al personal. Iturriaga recordó a los partidos que "el trabajo del tribunal no es hacer informes como si fueran churros; son herramientas para una gestión más eficaz. Para que el Parlamento tenga un reflejo especializado de la gestión de su administración de referencia". Así, quisó romper con la imagen de un tribunal dedicado sólo a las inspecciones y condenado a los desencuentros con las administraciones auditadas y reivindicó la figura de un consultor especializado. "Fiscalización no es inquisición", concluyó.