El testigo González

EL JUICIO que se sigue en el Supremo por el secuestro de Segundo Marey tuvo ayer la comparecencia estelar de Felipe González, presidente del Gobierno cuando ocurrieron los hechos -diciembre de 1983-. Por espacio de tres horas largas rebatió las acusaciones de los autoinculpados, con Sancristóbal y Damborenea a la cabeza, que en su defensa han endosado la responsabilidad del secuestro al ex ministro del Interior José Barrionuevo y, en última instancia, hasta al presidente González. Éste explicó ayer, en su calidad de testigo, que carece de toda lógica que el Gobierno hubiera impulsado ese secuestro, y en general las acciones de los GAL, después de haber acordado con el presidente francés, François Mitterrand, unas bases de colaboración en la lucha contra ETA, como se sostiene en un documento de la Presidencia del Gobierno del 19 de noviembre de 1983, y que resume el contenido de una conversación telefónica sostenida con Mitterrand. González aseguró que hubiera sido absurdo impulsar unas acciones que hubieran «interferido gravemente» en la incipiente relación con Francia, y que de hecho estuvieron a punto de anular lo conseguido por la vía diplomática.La explicación no es del todo nueva. El propio ex presidente la ha desarrollado en ocasiones, y se ha visto avalada por el entonces embajador de Francia, Pierre Guidoni. Desde ayer se ha convertido en testimonio ante un tribunal y su argumentación tiene el peso de dos pruebas documentales que introducen algo más que una duda en la versión de los acusadores de que nada sería explicable sin el apoyo directo del Gobierno. Hay que tener en cuenta, además, que el testimonio procede de quien sin duda posee un gran caudal de información sobre la seguridad del Estado y de un líder político con tan considerable apoyo popular que hay quien piensa -otros lo temen- que algún día pueda volver a gobernar aquí o en Europa.

El acuerdo básico alcanzado en la conversación telefónica de noviembre se plasmó un mes después en París en un plan de actuación que a mediados de enero de 1984 se tradujo en las primeras expulsiones, detenciones y confinamientos de etarras por parte del Gobierno francés. González restó también verosimilitud a la versión de que el secuestro de Marey habría sido una forma de presionar a las autoridades francesas para que pusieran en libertad a los cuatro policías españoles detenidos cuando intentaron secuestrar al etarra Larretxea. La fiscalía francesa emitió dos semanas antes del secuestro un dictamen a favor de su libertad. Lejos de forzar la liberación de estos agentes, el secuestro pudo provocar una reacción negativa por parte de Francia.

González añadió una sugerencia más: la de cambiar la ley para que el tribunal pueda acceder a los documentos elaborados por el Cesid en esa época, ya que se siente indefenso, limitado por el secreto oficial. El acceso a esos documentos permitiría, a su juicio, demostrar que el Gobierno nada tuvo que ver con los GAL y que la llamada acta fundacional fue una prueba fabricada.

En su condición de testigo, González defendió con aplomo la no participación -«jamás»- de Barrionuevo en el desarrollo de los GAL, uno o varios, por las mismas razones: resultaría absurdo que el ministro del Interior actuara en contra de la política del Gobierno, cuya prioridad, no sólo en la lucha contra ETA, sino también en el desbloqueo de las negociaciones para el ingreso en la Comunidad Europea, pasaba por un buen entendimiento con Francia.

Estamos en un juicio en el que están en juego penas de cárcel. El testimonio de González es un elemento más para que el Tribunal Supremo fije la verdad judicial . Pero en este empeño tampoco se puede olvidar el uso político que se ha hecho de los GAL. En respuesta al testimonio de la víspera de Álvarez Cascos, González mencionó la «concertación de voluntades», para no hablar de «conspiración». Cascos resultó poco convincente al explicar los contactos que desde la oposición mantuvo en 1994 con el abogado de los policías Amedo y Domínguez, ya condenados. Pero, en una utilización claramente política de una comparecencia judicial, elevó el tiro para volver a apuntar a González como el responsable último de los GAL, olvidando, interesadamente, que la guerra sucia contra ETA tiene raíces que se remontan al franquismo.

Este país, que en el camino emprendido ha destrozado, entre otras cosas, a sus servicios secretos, nunca debería haber llegado a tal cruce de acusaciones. Hay que aclarar lo ocurrido con los GAL, aunque sea 15 años después de los primeros hechos, pero es preciso desvelar el cinismo de quienes utilizan el terrorismo, que es aflicción de todos, en su beneficio político. Como dijo González, ¿sería concebible que, si ETA dejara de matar, 10 años después se reabriera un procedimiento para meter a los etarras en la cárcel? El espíritu de la transición llevó al primer Gobierno socialista a aplicar a 106 miembros de ETA Político-militar un indulto decidido por el último ministro del Interior de UCD, Juan José Rosón. Ni la UCD ni el PSOE buscaban medallas en ello, sino contribuir a solventar un problema común. Eso es lo que deben hacer también hoy los políticos, dejando a los jueces cumplir con su tarea.