La oposición a la ZAL une a toda la izquierda, a los sindicatos y a los grupos ciudadanos

Todos los partidos valencianos de izquierdas, los sindicatos más importantes, las asociaciones vecinales y varias plataformas cívicas, ecologistas y culturales aunaron ayer sus esfuerzos con un nexo y un objetivo comunes. El nexo: su más ferviente oposición a la futura Zona de Actividades Logísticas (ZAL), proyecto estratégico para dotar de infraestructuras industriales al puerto de Valencia que supondrá la destrucción de 700.000 metros cuadrados de huertas en La Punta. El objetivo: impedir por todos los medios (parlamentarios, jurídicos y cívicos) su construcción.

De las iniciativas parlamentarias se encargarán los tres grupos de izquierda con represención en las Cortes. Así lo aseguraron Jesús Huguet y Enrique Ayet, del Grupo Socialista; Joan Ribó, de Esquerra Unida-Els Verds; y Albert Taberner, de Nova Esquerra (en el Grupo Mixto). Se trata de iniciativas en las que cuestionarán la necesidad misma de la creación de un macroproyecto industrial, la ZAL, basado en "expectactivas irreales de crecimiento económico y planificado por encima de cualquier estudio de mercado", según explicó Ribó, el coordinador general de EU. Habrá que esperar hasta otoño para ver estas iniciativas en las Cortes, puesto que ya ha acabado el presente periodo de sesiones. Entretanto, Taberner anunció que Maruja Sornosa, eurodiputada de NE, ha presentado una pregunta con carácter de urgencia ante el Parlamento Europeo en la que cuestiona que la ZAL, que ahora está en periodo de alegaciones (los afectados han presentado ya más de 15.000), haya seguido el procedimiento de evaluación de impacto ambiental que marcan las directrices europeas y pide que, en caso contrario, se paralice el proyecto. Paralelamente, NE también ha solicitado desde Valencia a Bruselas la parada cautelar de las obras. En el otro frente, en el de las iniciativas jurídicas, todos dijeron que acometerían los recursos necesarios para impedir un plan de "cuestionable legalidad". Carmen Gómez, de la Asociación de Vecinos de La Punta, dijo que ya en 1994 ganaron una batalla en los tribunales para frenar un proyecto urbanístico en la huerta protegida y que el millar de vecinos que allí habitan lucharán por defender su modo de vida. Los políticos también emplearán la vía judicial. Ribó explicó que la asociación IDEA (Instituto de Defensa y Estudio Ambiental), vinculada con su partido, ya ha recurrido a los tribunales para denunciar a cargos públicos en otras cuestiones medioambientales. Y Els Verds anunciaron ayer que el proyecto de expropiación de los 700.000 metros cuadrados de suelo de la huerta que ha puesto a exposición pública la Consejería de Obras Públicas implica dos graves infracciones legales: carece de estudio de impacto ambiental (como recordaron desde NE) y no aporta una justificación argumentada para una declaración de interés comunitario (para recalificar los terrenos y eximir de licencias municipales al proyecto). A juicio de Els Verds, la ZAL no está justificada. Por último, el tercer frente abierto es el de las movilizaciones cívicas. Y los críticos con la ZAL han decidido continuarlas (los vecinos llevan años quejándose) mañana mismo a las ocho de la tarde en la plaza del Ayuntamiento. Según dijeron, allí estarán en apoyo de los afectados los sindicalistas de UGT y CC OO, los agricultores y miembros de Acció Cultural, Salvem el Botànic, Valencia Sostenible y de Defensem L"Horta, Salvem La Punta.