Las constructoras de la depuradora de Górliz serán juzgadas por delito ecológico

La Audiencia de Bilbao juzgará a finales de este año por un delito ecológico a tres directivos de dos empresas que construyeron una depuradora en el municipio vizcaíno de Gorliz. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia ha pedido una pena de 2 años y 4 meses de prisión tras acusarles de provocar un vertido que ocasionó la muerte de miles de peces en un arroyo cercano y de utilizar escorias de acero para relleno del terreno.

Los hechos de los que se culpa a las empresas Ferrovial y Cadagua -responsables de las obras y del proyecto técnico de la depuradora de Gorliz- se remontan a abril de 1995. Entonces, en el arroyo que desemboca en la playa de Gorliz aparecieron "gran cantidad de peces muertos, anguilas y ranas y unos 300 peces más que nadaban con gran dificultad", según expresa el fiscal del Tribunal Superior en su escrito de acusación. El informe posterior del Departamento de Sanidad constató que se utilizaron escorias de acero para el acondicionamiento del terreno donde se ubica la depuradora y que quedaron depositadas junto al arroyo. Además, durante la ejecución de los trabajos se rompió una tubería de aguas fecales que fluyó al arroyo, según señala el fiscal. "Como consecuencia de los vertidos, se constata un aumento considerable del ph del arroyo, debido a la presencia de calcio y una disminución del oxígeno disuelto". Estos hechos motivaron que la Inspección de Sanidad del Gobierno solicitara el acotamiento de la zona de baño de la playa, por existir riesgo para la salud humana. En su informe se calificó de "no adecuado" el depósito de las escorias junto al arroyo, por lo que desaconsejó la utilización de este material como relleno y planteó "la retirada del mismo a otro lugar más adecuado". El Ayuntamiento de Gorliz ya pidió la paralización de los trabajos y requirió a la Diputación vizcaína -que adjudicó la construcción de la depuradora a las empresas- que obligara a retirar los desechos contaminantes. El ente foral se negó a interrumpir las obras. En su escrito, la Fiscalía estima que los hechos constituyen un delito contra el medio ambiente e impone a cada uno de los tres acusados una pena de dos años y 4 meses de prisión menor y un multa de dos millones. A ello, añade una indemnización por responsabilidad civil de 2,5 millones. Ahora queda pendiente la calificación de la defensa para que el asunto se remita a un juzgado de lo Penal de la Audiencia de Bilbao, donde se celebrará la vista oral. Fuentes judiciales estimaron que el juicio se celebrará a finales de este año. La depuradora de Gorliz se enfrenta también a otro posible delito ecológico. El pasado mes, la Fiscalía presentó una denuncia en los juzgados de Getxo por los vertidos fecales que el verano pasado obligaron al cierre de la playa de Gorliz durante cuatro días. El suceso se debió al fallo de una válvula, según las explicaciones oficiales, y tuvo lugar justo cuando se inauguró. Según ha reconocido la titular de Medio Ambiente de Vizcaya, María Esther Solabarrieta, la depuradora ha estado ocho meses sin funcionar y desde marzo se encuentra en servicio. Sin embargo, el colectivo naturalista Txipio Bai sostiene que la instalación todavía continúa en pruebas y que la obra no se ha entregado a la Diputación. [Por otro lado,el 30% de los residuos tóxicos y peligrosos que se gestionaron en 1997 en Euskadi procedía de fuera de la comunidad y en su mayoría eran polvos de acería y otros con contenido en zinc y cobre].