Presupuestos para la estabilidad y la convergencia con Europa

Es increíble y lamentable el espectáculo ya casi sistemático que están dando algunos dirigentes del PSOE, al levantar fantasmas y formular toda clase de augurios fatalistas derivados, en su opinión, de la política presupuestaria aplicada por el PP desde mayo de 1996.Es increíble porque, como veremos luego, las características que definen esta política económica, y en particular los Presupuestos españoles, le dan a la misma una solvencia y credibilidad claramente reconocidas por los mercados, como se pone de manifiesto en la elevada confianza de los consumidores, el dinamismo de las inversiones creadoras de empleo y la bajada de los tipos de interés de créditos e hipotecas, así como por las instituciones, como son el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y la Comisión Europea, entre otros, que constituyen el más importante punto de referencia de análisis y valoración de la política económica de los países.

Por supuesto que el argumento de autoridad no debe ser la base fundamental para transmitir serenidad y confianza a los ciudadanos españoles de que se está aplicando una política económica correcta y que, por tanto, todo lo que constituye la base del bienestar social, como son las pensiones, la sanidad y la educción, se asienta sobre pilares sólidos. Aunque el prestigio, la seriedad y la objetividad de tales instituciones largamente demostrados parecen estar en entredicho para algunos dirigentes del PSOE, a no ser que nos estén concediendo una capacidad sobrehumana de embaucar a todo el mundo.

El espectáculo que están montando algunos dirigentes socialistas es, además de increíble, lamentable porque ese baldío e infundado esfuerzo para intentar generar desconfianza y temores podría ser aplicado a otros fines más constructivos y realistas, en lugar de dedicarse a ser agoreros, oficio en el que se han mostrado poco afortunados. En el otoño de 1996, el señor Borrell afirmaba con rotundidad en una entrevista que no cumpliríamos el Programa de Convergencia, es decir, que no estaríamos en el euro. A comienzos de 1997, el señor González vino a acompañar al señor Borrell en la afirmación tajante y solemne de que antes del verano tendríamos que llevar a cabo un recorte presupusetario. Claro que esos augurios tenían su lógica en unos dirigentes socialistas que varios años antes, como recordarán todos los españoles, afirmaron que cuando el PP accediese al Gobierno rebajaría las prestaciones sociales y se recortarían las pensiones.

Seguramente todas esas afirmaciones y malos augurios tenían para ellos un claro fundamento, no en las intenciones del PP, sino en el propio estado deplorable en el que los socialistas habían dejado las finanzas públicas, generando unas insuficiencias, hasta finales de 1995, de 721.000 millones de pesetas que hubo que regularizar en el verano de 1996. Es sabido que se cumplió en 1996 el objetivo de déficit público establecido en el Programa de Convergencia, y que en 1997 dicho déficit quedó 4 décimas por debajo del 3% fijado en el Tratado de la Unión para acceder al euro. En el pasado año, no sólo habíamos cumplido lo requerido para entrar en el euro, sino que en los últimos meses de 1997 pudimos hacer un suplemento de crédito para dar un mayor impulso a las inversiones públicas, es decir, las antípodas del recorte de prestaciones vaticinado.

Vamos a tratar de explicar con cierta sistemática las principales características que tiene la política presupuestaria, avalada por las cifras, que venimos aplicando desde mayo de 1996.

En primer lugar hay que destacar la importante reducción del déficit de las Administraciones públicas, que ha pasado del 7,3% en términos de contabilidad nacoinal en 1995, al 2,6% en 1997, habiéndose reducido por tanto en 4,7 puntos porcentuales. Este importe contrasta con la reducción media registrada en los países de la OCDE, que fue de 2 puntos, y en la UE, de 2,6 puntos.

Los ejercicios 1996 y 1997 han constituido el precedente por el que las instituciones comunitarias han confirmado, sin ningún margen de duda, el déficit notificado por España. En años anteriores, bajo el Gobierno del PSOE, no existían muchas de las normas comunitarias actuales que normalizan y tipifican los supuestos bajo los cuales se debe calcular el déficit, lo que otorgó al gobierno socialista un margen de actuación que favorecía el resultado final de déficit y que, desde la normativa actual, serían inviables. Éste es el caso del destino de los ingresos derivados de privatizaciones que se dirigían en esos años a reducir el déficit, supuesto que actualmente es imposible, ya que las instituciones comunitarios -Eurostat- impiden que dichos recursos contribuyan a la reducción del déficit, debiendo tener como destino único la disminución de la deuda.

El segundo aspecto destacable del ajuste es que la reducción del déficit se ha concentrado en la contención del gasto y especialmente sobre el gasto corriente. La reducción del déficit ha recaído en un 75% (3,5 pp PIB) sobre la vertiente del gasto, aportando los ingresos el resto. El gasto ha reducido su peso en la economía en estos años del 47,7% del PIB en 1995 al 44,2% en 1997. El Gobierno ha introducido una serie de medidas de disciplina para garantizar que los créditos presupuestarios aprobados para necesidades fundamentales no se gasten en otras cosas (reforzando la vinculación de créditos), para bloquear el dinero destinado a hacer una obra pública (exigiendo la retención de crédito previo), no adquirir compromisos o firmar convenios sin contar con si existe dinero o no para financiarlos (aprobación previa de convenios por el Consejo de Ministros).

En este apartado hay que hacer referencia al tan comentado tema de las modificaciones presupuestarias. Aquí es importante prestar atención a cuáles son las modificaciones de crédito permitidas actualmente de acuerdo con las limitaciones que se han introducido por el actual Gobierno en la legislación presupuestaria. A título de ejemplo, en materia de incorporaciones de crédito de ejercicios anteriores, únicamente están autorizadas aquellas que derivan de alguna ley, como es el caso del Fondo de Compensación Interterritorial, caso al que la propia Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas obliga a la incorporación de los remanentes de un ejercicio al siguiente. Otro grupo de modificaciones son las que se derivan de las generaciones de crédito, caso en el que no se produce mayor déficit, ya que conllevan su propia financiación, es decir, ingresos adicionales a los presupuestados para atender esos gastos también adicionales. Éstos son algunos ejemplos de modificaciones que al explicarse por argumentos tan sólidos como los expuestos, las justifican, ahora y con Gobiernos anteriores.

Otras modificaciones de crédito realizadas en 1997 y 1998, son las ampliaciones por canje de deuda de años anteriores emitida por el Estado, a tipos de interés elevados por deuda nueva a tipos de interés mucho más reducidos. Esta medida ha supuesto hasta el momento un gasto adicional de unos 300.000 millones de pesetas, si bien garantiza la reducción del gasto por este concepto en ejercicios futuros, contribuyendo así a la sostenibilidad presupuestaria.

Un tercer punto a resaltar es el que se refiere al déficit estructural, es decir, el déficit que existiría con un crecimiento próximo al pleno empleo de los recursos. En los dos últimos años, y según la OCDE, el déficit público estructural de la economía española se ha reducido desde el 5,3% del PIB en 1995 hasta el 1,5% en 1997, es decir, 3,8 puntos porcentuales. Esto significa que de la reducción total del déficit (4,7 pp), un 80,8% viene explicada por el ajuste en su componente estructural, lo que pone de manifiesto que el ajuste presupuestario no se puede atribuir más que en una mínima parte a la fase expansiva del ciclo. La reducción de este componente del déficit ha sido menos en la UE (2,8 puntos) y la OCDE (1,9 puntos). Con estos datos queda de manifiesto que España se halla en 1997 en una situación favorable de cara al cumplimiento del Plan de Estabilidad y Crecimiento (PEC).

La cuarta característica es la importante mejora del saldo primario, saldo que mide la diferencia entre ingresos y gastos excluyendo de éstos los gastos financieros, es decir, los relacionados con la deuda del pasado. Este ejercicio es elemental, ya que demuestra que la reducción del déficit no se ha producido sólo y fundamentalmente por la caída de los tipos de interés sino que, por el contrario, haciendo abstracción de ese apartado (gastos financieros) el saldo es positivo. En 1995 existió un déficit primario del 1,8% del PIB, muy superior al 0,3% de la OCDE y de la UE, es decir, en dicho año no sólo hubo que financiar el pago de intereses con nueva deuda, sino también parte (1,25 billones) de los gastos del ejercicio, lo que provoca una situación de deterioro presupuestario creciente. En cambio, en 1997 España registró un superávit primario del 1,9% del PIB, cifra similar a la de la UE y claramene superior a la de la OCDE.

Por último, hay que destacar que se cumple la llamada "regla de oro", es decir, que el déficit es inferior a la inversión pública realizada, lo que tiene un significado económico profundo, porque es mucho más negativo para el potencial de crecimiento económico un déficit destinado a gastos corrientes que un déficit por razones de incremento de la inversión pública. En 1997 la inversión pública del 3,1% del PIB se colocó medio punto por encima de déficit que, como ya se ha dicho, fue del 2,6%.

Debiera quedar claro, para terminar, que todo el proceso de ajuste del gasto, su pérdida de peso en el PIB y su contribución a la reducción del déficit estructural, se está llevando a cabo dentro de un proceso en el que se cumple el Pacto de Toledo, de mantenimiento e incluso mejora del poder adquisitivo de las pensiones, se asume un mayor gasto sanitario, se aborda la profesionalización del Ejército, y se tienen en cuenta los mayores gastos que exige la aplicación de la LOGSE. Todo ello a la vez que se mantiene el ritmo inversor por encima del déficit, y se contempla la asunción futura de temas como el de las indemnizaciones por la colza. Tal y como ha quedado demostrado en los dos últimos años, tales políticas se aplican de manera compatible con el objetivo de continuar reduciendo el déficit público y podemos afirmar ya con claridad que en 1998 queda garantizado un objetivo de déficit del 2,2% del PIB para el conjunto de las Administraciones públicas.

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