Zedillo asegura en Chiapas que no busca ni la derrota ni la rendición de los guerrilleros zapatistas

Una indígena chaparra de trenzas negras y faldones blancos, silenciosa, mantiene desplegado un cartelón de protesta en una esquina del palacio municipal de Las Margaritas, a 85 kilómetros de La Realidad, comunidad cercana al cuartel general del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). «Sr. Zedillo desmilitarice Chiapas», pide. Ernesto Zedillo se dirige a una concentración de vecinos. El presidente calza vaqueros desgastados y promete no buscar la derrota de los zapatistas, ni su rendición, y sí su concurso en proceso de paz. Autorizó que la parlamentaria Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) gestione un diálogo directo entre el secretario (ministro) de la Gobernación, Francisco Labastida, y los rebeldes.

«Sí a la vida, no a la muerte», instaban en Las Margaritas otros tres cartelones disidentes, apenas perceptibles entre el gentío progubernamental agolpado en la plaza del ayuntamiento de un municipio que reclama asistencia, atención y eficacia en el uso de los dineros remitidos por el Gobierno.«Yo lo que digo es que pues si quiere la paz, que se vayan los militares», reprocha la indígena de las trenzas. Acaba de concluir el acto de firma de un programa de desarrollo social y el sol abrasa en estas latitudes verdes y empobrecidas. La indígena todavía alza el cartel de la desmilitarización pero acaba perdiéndose por una calle sin que nadie le haga caso. La militarización continúa en Chiapas y todo indica que los retenes, controles de carreteras y cerco de las comunidades insurrectas proseguirán de no fructificar los deseados contactos con el EZLN.

La paz se avizora lejana y es más fecunda la violencia, brutal o a ráfagas pero siempre presente en las aldeas de convivencia envenenada por unos y otros.

«A mí no me importa de qué lado sean los muertos, los muertos de cualquier lado deben causarnos una profunda tristeza», declaró Zedillo a la prensa.

En su cuarto viaje a Chiapas desde hace menos de dos meses, el jefe de Gobierno aludía a la muerte a balazos de ocho simpatizantes del EZLN y de un policía, el miércoles, durante la ocupación por destacamentos del Ejército y de la Seguridad Pública de tres municipios autonómos zapatistas. «De ninguna manera la Ley para la Conciliación en Chiapas», cargó después en la Sierra Madre de Chiapas, «le permite a ningún grupo que le imponga impuestos a campesinos e indígenas pobres. De ninguna manera permite que ningún grupo, con independencia de cuales sean sus siglas, pueda despojar a campesinos pobres de su tierra. Y cuando se dan esas violaciones a la ley tiene que actuar la autoridad».

«Fue una vil represión política. Todo estaba preparado», acusó el alcalde de Ciudad de México, el opositor Cuauhtémoc Cárdenas en referencia al último episodio de sangre.

Cruzando la sierra, en los altos de este Estado sureño se protesta. Cubiertos los rostros con pañuelos, vecinos prozapatistas denunciaban la brutalidad castrense en la última operación de desalojo de los concejos alzados. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha reclamado los detalles y circunstancias en que se produjeron los muertos, heridos y las 57 detenciones. «El Ejército nos disparó cuando tratábamos de huir al monte. Cayeron una lluvia de balas sobre nosotros, que estábamos desarmados», afirmaron los embozados.

El presidente de la comisión de derechos humanos de Chiapas, Cuauhtémoc López, atribuyó a la crispación del momento algunas reacciones militares. «No se le puede pedir a un soldado o a un policía, al cual le matan a un compañero o lo reciben a balazos, que actúe como una hermana de la caridad; son seres humanos también», declaró a la prensa López.