El pulso entre dos ministerios rompe el pacto PP-PSOE sobre la ley de Cooperación

La Ley de Cooperación obtuvo un inesperado respaldo en el Congreso de los Diputados. Fue aprobada el 23 de abril con los votos del Partido Popular y del PSOE, además de los sufragios nacionalistas. El amplio apoyo ha durado poco. A Economía y Comercio no le gustaba el texto que otorgaba a Exteriores la dirección de las tareas de cooperación internacional. El Grupo Popular lo ha enmendado en el Senado. Socialistas y nacionalistas catalanes rechazan las modificaciones introducidas, según ellos, a instancias de Comercio. La cooperación es objeto de nuevo de una fuerte disputa.

"Fue bonito mientras duró". Con esta frase, reveladora de una cierta amargura, describía un diplomático el amplísimo respaldo obtenido por la Ley de Cooperación tras largas negociaciones entre grupos parlamentarios del Congreso.El texto que salió de la Cámara Baja disgustó, sin embargo, al Ministerio de Economía y, sobre todo, a la Secretaría de Estado de Comercio que, a través de los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) tiene competencias sobre la cooperación. Los 80.000 millones de pesetas de los que dispone el FAD sirven para conceder créditos blandos a países del Tercer Mundo para que adquieran bienes de equipo e incluso productos de consumo a empresas españolas.

El enfado del secretario de Estado de Comercio, José Manuel Fernández Norniella, obedecía, según fuentes de la Administración, a dos razones. La ley señalaba que el ministro de Exteriores es "también responsable de la dirección de la política de Cooperación Internacional para el Desarrollo", en detrimento de Economía y Comercio. En segundo lugar estipulaba que los FAD debían servir prioritariamente a financiar proyectos relacionados con la sanidad y la educación en detrimento de telecomunicaciones o infraestructura.

A través del senador Carlos Ramírez Pery, el PP logró la aprobación, en la correspondiente comisión de la Cámara Alta, de dos enmiendas que deberían ser confirmadas por el pleno hoy o mañana. La primera retira al titular de Exteriores la dirección de la política de Cooperación que incumbiría al Gobierno. En el entorno de Fernández Norniella se recalca que "dejarla en manos de Asuntos Exteriores podría ser hasta inconstitucional".

La segunda enmienda otorga al Ministerio de Economía la capacidad de elaborar los reglamentos que regulen el funcionamiento del FAD para que éstos se ajusten más al interés de las empresas exportadoras españolas.

Mientras se tramitaba la ley en el Senado, los partidarios y adversarios de las enmiendas no han parado de movilizarse. La Plataforma del 0,7% se entrevistó con Ramírez Pery para solicitarle que retirase unas enmiendas que, denunciaron ayer en un comunicado, "relegan a un segundo orden el objetivo de la erradicación de la pobreza y las desigualdades en favor de los intereses comerciales españoles".

Balbino Prieto, el presidente de la asociación que reagrupa a las principales empresas exportadoras, afirmó en conferencia de prensa que gracias a la buena utilización de los créditos FAD "ha sido posible crear en España miles de puestos de trabajo, así como el mantenimiento de industrias que, al internacionalizarse, han encontrado una vía idónea para incrementar sus plantillas".

La introducción de las enimiendas ha provocado también una airada reacción del PSOE. Su ponente en la Comisión de Cooperación del Congreso, Rafael Estrella, no dudó en afirmar ayer que "el PP ha roto el consenso de los partidos mayoritarios sobre la ley". "Los populares se ha plegado a las enormes presiones de las grandes exportadoras", añadía. "Resucitan un instrumento que disfraza como ayuda al desarrollo la ayuda a la exportación en contra de lo que recomiendan ahora importantes instancias internacionales, como la OCDE o el grupo de los siete países más industrializados, que aconsejan separar cooperación y ayuda a la exportación".

Más cauto, Lluís Recoder, ponente de Convergència i Unió en la misma Comisión de Cooperación, declaró ayer: "Las enmiendas no nos gustan y, por tanto, las rechazaremos en el pleno".

Temeroso de quedarse solo en la votación de la ley, cuando sea devuelta al Congreso la semana próximo, el Gobierno inició ayer discretas gestiones con la oposición socialista a través del vicepresidente Rodrigo Rato. Y sugirió renunciar a quitar la dirección de la cooperación a Exteriores, pero insistió en aguar la fórmula que hace responsable de esa política a ese departamento.

Las pelas entre diplomáticos y técnicos comerciales son recurrentes en la Administración española, pero rara vez han alcanzado esta intensidad.

Para superarlas, el PP dejó entrever en su programa electoral que Comercio se incorporaría a Asuntos Exteriores, pero no se atrevió a hacerlo. Al contrario, decidió que los diplomáticos no podrán dirigir consejerías comerciales en el extranjero.