Condenados a seis años de prisión los responsables del fraude en las oposiciones a la Sanidad vasca

La Audiencia de Vitoria ha condenado por un delito continuado de falsedad a penas que oscilan entre el año y los seis años y seis meses de prisión a cinco de los 11 acusados en el caso Osakidetza (presunto fraude masivo en las oposiciones de 1990 a la Sanidad vasca). Entre los absueltos figura el ex número tres de los socialistas vascos y actual miembro de su ejecutiva, José Luis Marcos Merino. La Audiencia, que reconoce que ha fallado en virtud de indicios y no de pruebas directas, recalca que los condenados acordaron favorecer a opositores del entorno del PSE y la UGT.

La Audiencia ha tardado más de tres meses en hacer pública la sentencia. Los dos máximos responsables de Osakidetza en el momento de los hechos, Mario González, entonces director general, y Pedro Pérez, director de gestión económica, son los más castigados con unas penas de seis años y medio de cárcel a cada uno, y 500.000 pesetas de multa. Completan la lista de condenados José Ángel Martín, técnico del Servicio Vasco de Salud y hombre de confianza de Pérez, sobre el que recae igual condena; Pablo Sastre, informático de Osakidetza, condenado a seis años, y el máximo responsable de la empresa correctora de las pruebas, Francisco Javier Abásolo, penado con un año. Todos ellos deberán indemnizar de manera conjunta a Osakidetza con más de 21 millones por los problemas derivados de la anulación de la convocatoria.El tribunal considera que Marcos Merino debe ser absuelto por la inexistencia de un "cuerpo probatorio suficiente" para deducir su participación en los hechos. El fallo subraya que su viaje a Madrid en marzo de 1991, donde se entrevistó con Abásolo no constituye "ninguna prueba ni siquiera indiciaria" de delito.

La sentencia declara probado que Pedro Pérez Torres, José Ángel Martín Martín y Pablo Sastre (estos dos afiliados del PSE y cuyos exámenes presentaban irregularidades) emplearon para el fraude los datos contenidos en los discos informáticos y las pestañas de las pruebas que se encontraban en la sede central de Osakidetza en Vitoria y que les fueron facilitadas por el director general del organismo público, Mario González.

Todos ellos pactaron favorecer a determinados opositores del entorno socialista y de la UGT y a personal no fijo de Osakidetza. El cambio de los exámenes se realizó en la sede de Madrid de la empresa correctora con el conocimiento de su director, quien facilitó la entrada de las personas que materialmente realizaron el fraude. En ese lugar, cambiaron los faldones correspondientes a las respuestas de los exámenes por otros previamente rellenados con respuestas acertadas.

Merino y la cúpula del PSE prefirieron ayer esperar y analizar a fondo la sentencia antes de hacer comentarios públicos. Marcos Merino es responsable de Política Industrial de la Ejecutiva del PSE desde el congreso del pasado octubre. Cuando estalló el caso Osakidetza dimitió de sus cargos en el partido. En abril de 1994 y en junio de 1995, el Supremo asumió las diligencias por su condición de aforado. En ambos casos no apreció indicios de su implicación, por lo que la ejecutiva del PSE le reintegró en su seno, pese a que el proceso judicial seguía su curso.