Hipótesis y pruebas

La declaración el pasado martes de Barrionuevo, completada ayer mediante los careos del ex ministro con Sacristóbal y Damborenea, cerró la fase del caso Marey dedicada a los interrogatorios de los doce procesados por el fiscal, los acusadores privados y los abogados. Las primeras sesiones de la vista oral han abierto una profunda brecha entre dos bloques de acusados. De un lado, los ocho policías, Damborenea (ex secretario de los socialistas de Vizcaya) y Sancristóbal (entonces gobernador civil de esa provincia) reconocen gran parte de los hechos del sumario (el secuestro en Francia del infortunado Segundo Marey, su rocambolesco traslado a una cabaña próxima a la localidad cántabra de Colindres, su liberación diez días después), pero niegan otras acusaciones con el propósito de conseguir el cumplimiento de las condiciones necesarias para que el tribunal les absuelva por considerar prescritos sus delitos. De otro lado, tanto Barrionuevo como Vera rechazan la versión dada por sus coimputados, que les atribuyen un papel decisorio en el secuestro; el ex ministro, de añadidura, pone en duda la veracidad del relato autoinculpatorio de los diez procesados, atribuyendo ese acto de masoquismo colectivo a una conspiración político-judicial-mediática para hundir a los socialistas.A los once magistrados de la Sala Segunda corresponderá la tarea de apreciar y valorar las pruebas capaces de acreditar la veracidad de esos diferentes relatos, enfrentados entre sí como dos locomotoras lanzadas a toda velocidad por la misma vía y en dirección opuesta. También el tribunal deberá pronunciarse sobre la eventual nulidad de las actuaciones, solicitada por los defensores de Barrionuevo y de Vera a cuenta de las supuestas irregularidades cometidas en el sumario por Baltasar Garzón como juez de instrucción de la Audiencia Nacional; una posibilidad muy debilitada por el hecho de que el caso Marey fue objeto al llegar al Supremo de una segunda y posterior instrucción por el magistrado Eduardo Móner. Finalmente, la Sala Segunda tendrá que pronunciarse igualmente sobre un debatido extremo: la prescripción de todos o de algunos de los tres delitos imputados a los acusados, esto es, determinar si ha transcurrido o no el plazo temporal fijado por la ley para considerar extinguida la responsabilidad penal correspondiente. Los expertos discrepan acerca de esta compleja materia. Aunque los abogados de los policías, de Damborenea y de Sancristóbal sostienen que han prescrito todos los delitos, otros juristas sostienen conclusiones distintas: mientras que para unos han prescrito únicamente dos de los tres delitos ( la malversación de fondos reservados y la pertenencia a banda armada), para otros dicha prescripción tampoco existe a causa de su conexidad con el delito de secuestro. La sinceridad o la hipocresía de los reverenciales sombrerazos propinados al Supremo por los organizadores de los juicios paralelos en el caso Marey (sea para condenar a Barrionuevo, Vera y demás acusados, sea para absolverlos) quedará sometida a examen cuando el Supremo aprecie las pruebas, se pronuncie sobre la eventual nulidad de las actuaciones, establezca si han prescrito los delitos y dicte sentencia condenatoria o absolutoria de los doce procesados.

El respeto debido a los magistrados, a quienes el Estado de Derecho confía de manera exclusiva la delicada tarea de establecer la verdad judicial del caso Marey de acuerdo con las garantías procesales y las leyes penales de nuestro ordenamiento jurídico, no impide a los ciudadanos expresar sus opiniones sobre las hipótesis capaces de explicar de forma verosímil, económica y fehaciente los hechos históricos que sirven de soporte material al proceso. Desde ese punto de vista, la declaración ante el Supremo de Barrionuevo es muy poco plausible. Ni el peor enemigo del ex ministro hubiera osado recomendarle una estrategia de defensa tan pesadamente ligada a la concepción conspirativa de la política; ni tampoco el obcecado aferramiento de Barrionuevo a un doble y provocativo mensaje: negar los hechos para rehuir sus responsabilidad penales y reivindicar al tiempo implícitamente sus méritos políticos por haber combatido el terrorismo mediante la guerra sucia.