Un modelo desequilibrado y poco solidario

El Gobierno del Partido Popular nos dice que España irá mejor si el Estado recauda menos impuestos. Las opiniones contrarias a este dogma son arcaicas, están caducas y ajenas a Europa. Para el Gobierno y sus avalistas ideológicos, la bondad de este principio se basa en el presunto encadenamiento entre la rebaja de la fiscalidad, el ahorro, la inversión y el empleo. Una relación fallida en la práctica en demasiadas ocasiones.La realidad les es indiferente. No les importa que en España haya bastante menos presión fiscal en conjunto que en el resto de Europa. Olvidan el detalle de que sólo el 1% de todos los contribuyentes al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) está afecto al tipo máximo y que un trabajador medio aporta entre seis y diez pesetas de cada cien ingresadas, porcentaje en ningún caso desmesurado. Insoportable presión que tampoco pueden esgrimir los empresarios individuales (base declarada de 1.100.000 en 1994).

De igual manera, obvian que el impuesto de sociedades tiene un tipo efectivo de los más bajos de la Unión Europea (24% de los ingresos declarados).

Desde la seguridad que les proporciona ser propietarios de la verdad absoluta, han presentado un proyecto de reforma del IRPF que, según ellos, beneficia a todos, especialmente a la familia, y nos convierte, también automáticamente, en modernos.

Su propaganda olvida algunos detalles significativos. Los tres millones de declarantes con rentas del trabajo inferiores a 1.250.000 pesetas no recibirán una sola peseta de rebaja. Sencillamente es imposible: ya no pagan nada. Todo ello sin olvidar que los más desfavorecidos ni siquiera aparecen en las estadísticas del IRPF y el sector público no puede ayudarles a afrontar sus cargas familiares.

Podrían explicar cómo se reparten las rebajas. Los propietarios de las plusvalías consolidan su privilegiada posición.

Obviamente, los 30 billones de pesetas acogidos por los Fondos de Inversión Colectiva no son propiedad sólo de los más pudientes, pero todo apunta a que los más ricos tienen mayores posibilidades de ahorrar y, por tanto, disfrutarán de un mayor porcentaje de esos activos con fiscalidad privilegiada. Todas las plusvalías, con independencia del nivel de renta de su propietario, pagarán el 20%. No parece éste el mejor modo de retribuir el esfuerzo.

Las rentas más bajas pagan más de lo que les corresponde (su tipo normal es del 18%) y las más altas obtienen sustanciosos beneficios (su tipo impositivo para el resto de las rentas es del 48%). La libre circulación de capitales dentro de la Unión Europea no justifica esta decisión. Quien tiene residencia fiscal en nuestro país e invierte en Luxemburgo, país comunitario en el que sus residentes no pagan impuestos por las rentas de capital, tiene la obligación de tributar en España cuando repatria los rendimientos. Si no lo hace así, aprovechando la falta de información entre países, está defraudando. Y no es tan fácil cambiar la residencia fiscal.

La propaganda del Gobierno olvida explicar también los efectos de algunas modificaciones del nuevo IRPF. La rebaja de todos los tipos impositivos, por supuesto más en los altos que en los bajos, resulta más beneficiosa para las rentas más altas, que aprovechan la disminución de todos los tramos.

El curioso concepto de "renta discrecional" (mínimo personal y familiar) se limita a cambiar las deducciones en cuota por deducciones en base. Un concepto más regresivo con el que coinciden incluso los expertos del Libro Blanco (página 127), aunque con ello incurran en contradicción con sus propias propuestas.

Este peculiar concepto de medida del esfuerzo realizado por los ciudadanos para vivir y sacar adelante a los hijos, en el que se atribuye una cuantía idéntica a todos sin tener en cuenta sus ingresos, tiene como consecuencia lógica un beneficio superior para las personas con ingresos más elevados.

El motivo es simple: a mayor renta pueden aprovechar al máximo las múltiples deducciones en la base imponible, mientras las rentas más bajas mueren por sobreacumulación (la base imposible no puede ser negativa). Con el singular aditamento para los más ricos de rebajar en mayor medida su aportación al impuesto al estar afectados por un tipo impositivo más elevado (48% con la propuesta).

Es cierto que una buena parte de los declarantes obtendrá rebajas, también los de ingresos más modestos, aunque no todos. Pero también lo es que las rentas más elevadas obtendrán un beneficio desmesurado.

Con los datos de la Memoria Tributaria de 1995, la aplicación de la reforma implica que el 1% de los contribuyentes, con rentas superiores a 10 millones de pesetas, recibirán un regalo de aproximadamente 100.000 millones de pesetas. Una cantidad muy similar a la que como máximo se repartirán los siete millones de declarantes con ingresos inferiores a dos millones de pesetas.

Tampoco está mal recordar que mientras las rentas de trabajo más modestas no obtendrán ningún beneficio, sí lo harán los empresarios individuales que ahora no disfrutan del "mínimo exento" y con la reforma verán reducida de forma general su no demasiado elevada, más bien reducida, carga fiscal.

¿Sería malicioso decir que la reforma se ha hecho fundamentalmente para beneficiar a estos dos grupos, coincidentes en buena parte con la sensibilidad del PP y CiU, y el resto compone el obligado acompañamiento?

No obstante, hay que trasladar a los ciudadanos otras ideas. Los cálculos realizados apuntan a una pérdida de recaudación por la reforma de 550.000 millones de pesetas al año. Cantidad que aumenta según se van solucionando deficiencias graves del anteproyecto (vivienda en propiedad) y atendiendo las peticiones del oyente (ventajas para los seguros de vida, seguros privados de enfermedad y actualización monetaria de las plusvalías).

La pérdida de recursos se notará con toda su crudeza cuando el ciclo económico sea menos benigno. Pensar que el fraude se reducirá a consecuencia de la rebaja de impuestos, sin disponer de medidas adicionales, es una ingenuidad.

Tengo dudas razonables sobre el concepto central en el que se apoya esta reforma, por otra parte coincidente con declaraciones previas del presidente de la patronal: el dinero está mejor en manos privadas que en públicas.

Esta afirmación no está sustentada en un tamaño excesivo del sector público. La presencia de lo público en España es inferior a la del resto de los países de la Unión Europea, al igual que la presión fiscal.

La decisión del Gobierno vuelve a apoyarse simplemente en el dogma. Su reforma, que implica un traspaso de recursos desde el sector público al privado repartido de forma desequilibrada, pretende relanzar el consumo y la inversión aumentando la renta disponible de los ciudadanos. Aunque un poco menos para los asalariados, a los que a cambio de lo percibido se les recomienda moderar su salarios.

Toda una declaración de principios sobre su concepto de la fiscalidad directa, a la que lejos de considerarla parte de un contrato colectivo para mejorar la cohesión social, la consideran parte de los costes laborales de las empresas.

La actual tasa de ahorro española es suficiente y no está mal recordar que el tipo de consumo de las rentas más elevadas tiene tendencia a consumir productos de lujo, normalmente no producidos en España.

Para mejorar el consumo y la inversión hace falta un planteamiento alternativo.

Es más justo y eficaz aumentar la protección a los parados de larga duración con cargas familiares.

Por ejemplo, con el regalo dstinado a los declarantes mejor situados en la sociedad actual se puede aumentar en 160.000 el número de beneficiarios del subsidio (612.360 pesetas / año) paliando, por lo menos en parte, el efecto de la caída de 17 puntos de la cobertura de desempleo soportada por los menos favorecidos desde 1994.

Complementariamente, otra parte de las rebajas podría servir para elevar la inversión pública de forma selectiva o para incluir dentro de los Presupuestos Generales del Estado partidas de gasto en este capítulo ahora diferidas en el tiempo (obras públicas a pagar a su finalización). Incluso se podría aumentar el esfuerzo de saneamiento de las finanzas públicas desde una posición financiera más solvente.

Esta reforma no mejora la suficiencia financiera de la Administración en un escenario de déficit comedidos, ni mejora la equidad social. Mantiene las ventajas de aquellos que no pagan lo suficiente, reparte las rebajas de forma desequilibrada e introduce incertidumbre en el futuro del Estado social.

En todo caso, si se pretende rebajar los impuestos haciendo más hincapié en las rentas bajas y en las personas con cargas familiares, existen métodos alternativos más justos y menos costosos para el Estado.

La Hacienda pública debe volver a ser patrimonio de todos y el sistema tributario debe garantizar su suficiencia y la equidad en el reparto de los esfuerzos entre los ciudadanos.