Los desahucios judiciales dejan sin casa a 5.280 familias en el último año

El impago de la hipoteca o del alquiler ha dejado a 5.280 familias sin techo en los últimos doce meses. En el 3% de los casos, la única alternativa para estos de-sahuciados ha sido la calle.Los jueces de Madrid resuelven cada día 22 dramas familiares, según los datos facilitados por el decanato de la plaza de Castilla de Madrid. El impago de deudas ha obligado a los jueces a dictar en los últimos doce meses 5.280 órdenes de desahucio, a instancias siempre de los acreedores (bancos y arrendatarios, fundamentalmente), según explica María Luisa Cotorruelo, secretaria general del servicio de notificaciones y embargos de los juzgados de Madrid.

En un 7% de los casos, los desahuciados son familias cuya situación económica ha variado repentinamente y no pueden hacer frente a la hipoteca: los bancos, los acreedores principales de estas personas, ejecutan la hipoteca y terminan quedándose con la vivienda, que luego venden a terceros.

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El impacto y el drama que generan las 22 órdenes de desahucios que dictan cada día laborable los jueces de Madrid varía según las condiciones económico-sociales de sus receptores.

En tres de cada siete desahucios hipotecarios (los que ejecutan los bancos), la situación de los afectados suele ser muy dramática: son padres de familia, con hijos, que se embarcaron un día en la hipoteca y que por diversas circunstancias se quedan sin trabajo. La consecuencia es que acaban perdiendo sus casas y, además, todas las cuotas mensuales pagadas del crédito hipotecario que pidieron para adquirirla. Lo peor es que, tras el desahucio, no tienen adónde ir.

La angustia de estas familias crece aún más cuando ven que sus pisos, parcialmente pagados, caen finalmente en manos de los subasteros (el clan mafioso que merodea por los juzgados y cuyos miembros se ponen de acuerdo para acaparar los pisos a un precio inferior al de mercado sin hacerse competencia entre ellos).

Los subasteros, con sus componendas, ganan las pujas a precios módicos y luego venden esas viviendas con tarifas muy superiores.

Aunque no es labor de los jueces buscar un alojamiento a las familias en situación más dramática, en el decanato existe un servicio, básicamente formado por voluntarios, que se encarga de advertir a los jueces de la situación y contactar con los servicios sociales públicos para buscar un techo a los afectados.

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En el lado opuesto de los graves dramas con que se encuentran los funcionarios, están los pícaros. Es gente que se declara insolvente, alquila un piso y sólo paga el primer mes. Se amparan en la lentitud que suele acompañar este tipo de procedimientos y sólo se marcha de la vivienda cuando ve a los agentes judiciales acompañados de la Policía y con la orden de desahucio. Luego, repiten en otro piso. "Otros inquilinos no se van porque no quieren; se les acaba el contrato y siguen pagando el alquiler. Sólo se van cuando les echamos; resisten hasta el último momento", dice la secretaria general.

* Este artículo apareció en la edición impresa del domingo, 07 de junio de 1998.

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