Subcomisión sobre RTVE: un callejón sin salida

Al acabar este mes debe concluir sus trabajos la subcomisión sobre el modelo futuro de RTVE creada en el Congreso de los Diputados. Sin ningún género de dudas no va a llegar a ninguna conclusión, no va a poder presentar un informe que merezca mínimamente tal nombre. Reglamentariamente, es posible prorrogar su existencia, pero la pregunta es: ¿merece la pena que continúen esos trabajos? Desde mi punto de vista no, al menos con las condiciones actuales. Trataré de explicarme.La subcomisión fue el fruto de una moción debatida en el pleno de la Cámara y de la aprobación posterior en la comisión constitucional. Desde la toma del acuerdo político hasta la efectiva creación de la subcomisión transcurrieron varios meses. Cuando por fin se iniciaron las sesiones, varias se perdieron debatiendo la lista de los comparecientes porque la propuesta del PP era tan abultada, sesgada e irracional que, simplemente, bloqueaba el funcionamiento de la subcomisión. Cuando por fin hubo un acuerdo provisional sobre las comparecencias comenzó el lento goteo de intervenciones, muchas de las cuales eran prescindibles, no por el interés de lo expuesto por cada cual, sino por la clara predecibilidad de las opiniones. A día de hoy, incluso, todavía no han finalizado esas comparecencias. Pero siendo esto grave lo peor es que el pleno aprobó paralelamente la remisión de un informe del Gobierno que pudiera servir de elemento básico de la discusión: el informe nunca ha llegado, aunque se han filtrado otros internos de la Oficina Presupuestaria que, oficialmente, no se han conocido por la subcomisión. Finalmente, el PP ha impedido la comparecencia de los vicepresidentes del Gobierno.

Así pues, la subcomisión está agotada y se ha convertido en una coartada del Gobierno y del PP para eludir toda responsabilidad y transparencia sobre reformas actuales y futuras en RTVE en las dos grandes cuestiones abiertas: financiación estable y cambio en el modelo legal. Pero lo que no han cesado son decisiones estratégicas que condicionan, en la práctica, el desenvolvimiento futuro de la televisión en España. En efecto, no tiene sentido buscar una transformación en RTVE si, paralelamente, no se tiene en consideración el ecosistema televisivo en su conjunto, pues TVE sólo tiene futuro en un marco más amplio y, además, debe servir para ordenar el sector y no para que un cúmulo de decisiones la relegue a un papel claramente subsidiario en el que su viabilidad económica esté siempre en entredicho y en el que el concepto de servicio público se difumine hasta ser irreconocible. Y, sin embargo, el Gobierno ha promovido un cambio legislativo que permite la privatización de los canales autonómicos a la vez que RTVE renuncia tener un papel dirigente en Vía Digital y la televisión por cable y la local siguen en un laberinto preocupante; también ha habido noticias de la voluntad del Gobierno de ampliar el número de televisiones privadas por onda de ámbito estatal. En definitiva, el PP ha entrado a saco en el débil equilibrio entre la televisión privada y la pública en favor de las privadas lo que, necesariamente, tiene que repercutir negativamente en RTVE. Piénsese que el incremento en minutos de publicidad televisiva en los últimos meses no sigue un incremento en la inversión publicitaria suficiente para asegurar la viabilidad de todas las televisiones existentes o anunciadas. Por lo demás, la Dirección General del ente, con su estilo prepotente habitual, promovió un expediente de regulación de empleo justo cuando la subcomisión comenzaba sus trabajos, interviniendo unilateralmente en una materia que debía ser estudiada.

Con este panorama hay que constatar que se está perdiendo una ocasión perfecta para abordar de una vez la crisis endémica de RTVE. Era y es bueno que sean las Cortes Generales las que procuren un consenso sobre el futuro del ente y era y es bueno, también para el Gobierno, para cualquier Gobierno, ese consenso; porque o se comete la insensatez de frivolizar la crisis o es deseable para el Ejecutivo contar con el acuerdo de todas las fuerzas parlamentarias a la hora de asumir los costes y sacrificios que implica acabar con la deuda. Pero el Gobierno también debe saber que esos sacrificios compartidos tienen un precio: acabar con la prepotencia y la manipulación informativa, remover profundamente los fundamentos jurídicos -incluyendo la forma de elección del director general que o se desgubernamentaliza o será siempre un factor de crispación- en los que se asienta la televisión pública en España. Pero el PP no ha estado dispuesto a pagar ese precio y ha preferido promover una maniobra de distracción que permitiera prolongar los problemas mientras desarrolla su estrategia de control mediático y de abuso desenfrenado de la programación en RTVE mientras agita el capote del Pacto de Estado que sólo engaña a algunos incautos.

El Gobierno tiene ahora todas las bazas en su mano: no revela sus intenciones, puede adoptar cualquier iniciativa con menosprecio de la subcomisión y, sobre todo, elabora los Presupuestos Generales del Estado para 1999 absolutamente al margen de lo que en ella se debata. La oposición -y algún socio del Gobierno- acudió a la subcomisión con ilusión y sentido de la responsabilidad, pero, en este momento, no puede ser cómplice de las maniobras gubernamentales. Al menos NI-IC no van a seguir haciendo el juego y no apoyarán una prórroga de las sesiones de la subcomisión salvo que se dieran unas garantías: remisión inmediata de un informe del Gobierno que contenga propuestas que, por concretas, sean debatibles, comparecencia de los vicepresidentes del Gobierno, y avance de previsiones para los PGE de 1999 que permitan apreciar una voluntad nítida de comenzar a afrontar la deuda, así como finalización de las comparecencias -aunque sea en sesiones maratonianas- y fijación de un calendario estricto para la presentación de conclusiones.

Honestamente, creo que esas condiciones no se van a cumplir y que entraremos en una nueva fase en la que el indeseable conflicto en torno a RTVE se va a incrementar como prueba la disputa permanente entre el director general y el Consejo de Administración. Pero en esta nueva fase es preciso que las propuestas se multipliquen desde los sindicatos, las asociaciones de usuarios, las universidades... y desde los partidos políticos, pues una vez que la subcomisión sea enterrada con mucha pena y sin ninguna gloria, todos estamos obligados a someter al escrutinio de la opinión pública nuestras alternativas.