El Tribunal de Cuentas pide ayuda a 200 pueblos para fiscalizar a Tomey

Andrés Fernández Díaz, consejero del departamento de Corporaciones Locales del Tribunal de Cuentas, ha remitido una carta a 200 ayuntamientos de la provincia de Guadalajara en la que les pide que colaboren con ese órgano en la fiscalización que efectúa sobre las cuentas de Francisco Tomey, presidente de esa Diputación y senador del Partido Popular, en las que se ha detectado la presunta ocultación de 3.500 millones de pesetas.

La misiva, fechada el pasado 26 de mayo, destaca que el Tribunal de Cuentas investiga la gestión económica-financiera de la mencionada Diputación en los ejercicios de 1995 y 1996, pide que se conteste a varios cuestionarios que se adjuntan en la carta y recuerda "el deber de colaboración" con ese tribunal previsto en la ley.El Tribunal de Cuentas se ha dirigido a los ayuntamientos que tienen convenios de recaudación con la Diputación Provincial de Guadalajara, la mayoría de las 287 localidades de la provincia.

Los cuestionarios reproducen la deuda que figura sobre cada ayuntamiento en los registros de la Diputación de Guadalajara y solicitan que "en caso de coincidir dicho saldo con su contabilidad o registros, le rogamos lo hagan constar".

En el supuesto de que esa cantidad no se corresponda con la realidad, el Tribunal de Cuentas pide que se explique minuciosamente. El órgano fiscalizador quiere contrastar si la relación de acreedores que aparece en la contabilidad de la Diputación Provincial de Guadalajara, que preside Tomey, es real o ficticia.

Desde hace varias semanas un equipo de contadores, auditores y letrados del Tribunal de Cuentas fiscaliza las cuentas de la Diputación de Guadalajara en un trabajo de campo que todavía no ha concluido. "Les han dado toda clase de facilidades", señala el consejero Andrés Fernández Díaz.

La fiscalización especial durará cinco meses y el equipo de Francisco Tomey podrá responder a las alegaciones del Tribunal de Cuentas.

Además de esta fiscalización contable, el senador del Partido Popular está siendo investigado por estos hechos en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Ésta ha nombrado recientemente como juez instructor para el caso al magistrado Adolfo Prego.

La investigación abierta contra el senador Francisco Tomey por la citada sala del alto tribunal lo es por la comisión de un supuesto delito continuado de falsedad en documento oficial en relación con suspuestas irregularidades en las cuentas de la Diputación Provincial de Guadalajara. El caso fue incoado en virtud de una denuncia formulada por el PSOE ante la fiscalía de la citada provincia.