Informes Barea

JOSÉ BAREA, director de la Oficina Presupuestaria de la Presidencia del Gobierno, se ha convertido en una figura reconocida públicamente gracias a sus informes abiertamente contradictorios con la euforia económica oficial y a sus advertencias, casi siempre atinadas, sobre la política presupuestaria del Gobierno. Las filtraciones de tales documentos se han convertido en ruidosos acontecimientos políticos, casi siempre perjudiciales para los intereses del Gobierno que le paga; pero si parece lógico poner en cuestión el sentido de la oportunidad o la flexibilidad política del profesor Barea, y en algunos casos cabe desechar por extravagantes algunas de sus soluciones para reducir el gasto, en ningún caso se puede dudar de la honradez y la calidad de sus diagnósticos sobre las cuentas públicas y el déficitUn informe de Barea sobre la sostenibilidad del déficit público en 1998 y en los próximos tres ejercicios, decisivos para confirmar la estabilidad de la economía española en el marco del euro, advierte de nuevo sobre las dificultades para cumplir con los requisitos de convergencia. Barea calcula, con las proyecciones de ingresos y gastos públicos elaboradas por el propio Gobierno, que el déficit del Estado superará las previsiones del Plan de Convergencia entre 1998 y el año 2001; y que el mayor incumplimiento se producirá el año 2000, fecha en la que el déficit excederá el objetivo de convergencia en más de un punto del PIB, unos 950.000 millones de pesetas. Todo ello, en la mejor de las hipótesis de crecimiento económico. La Seguridad Social también excederá el objetivo de déficit, como trató de explicar, con cifras de este informe, el candidato socialista a la presidencia, José Borrell, durante el último debate sobre el estado de la nación.

En síntesis, la Oficina Presupuestaria avisa de que el plan de convergencia y estabilidad del Gobierno no puede cumplirse con las proyecciones de ingresos y gastos que se manejan en la actualidad. De esta manera confirma lo que el sentido común hacía sospechar: que resulta muy difícil mantener un ajuste presupuestario sostenido sin bajar los gastos sociales apostando al mismo tiempo por una reforma del IRPF que bajará la recaudación en 180.000 millones de pesetas durante 1999 y sin recortar los excesos de dotación presupuestaria que implican las transferencias pendientes a las comunidades autónomas. La propuesta de Barea de que las autonomías y los ayuntamientos impongan nuevas tasas para sufragar el coste de sus infraestructuras puede ser discutible, pero es coherente con los resultados pesimistas de sus cálculos.

El informe no es un análisis parcial ni torticero, basado en datos controvertibles o en especulaciones; las cifras son coherentes, las predicciones son prudentes y están bien fundadas. Otra cosa distinta es que sea posible actuar sobre ellas y ajustar el déficit mediante decisiones drásticas. Los cálculos de Barea deben ser interpretados como una advertencia de que, en el supuesto de que se mantengan los gastos sociales y no se ejecuten reformas estructurales inmediatas que reduzcan el coste del presupuesto, el margen de maniobra para aumentar el resto de los gastos es muy reducido; lo cual lleva a la conclusión evidente de que entre 1998 y el 2001 la inversión pública sufrirá de nuevo el coste del ajuste; y que la reforma del IRPF obligará, por la pérdida de recaudación, a considerar otras vías de ingresos.

El Gobierno y el PP han recogido con cierto desdén el diagnóstico de Barea; pero tal actitud no está justificada. Ha llegado el momento de preguntarse qué función cumple exactamente la Oficina Presupuestaria de la Presidencia si sus informes, aunque sean meritorios y rebosen sentido común, no son tenidos en cuenta, ni sus advertencias son escuchadas ni se obra en consonancia con sus diagnósticos. Mantener el coste de una oficina de la Presidencia simplemente para desechar sus aportaciones y remitirse siempre y por sistema a los objetivos oficiales no parece que sea muy rentable, ni para el Gobierno que la creó y mantiene a pesar de las filtraciones y de la utilización que de sus documentos hace con frecuencia la oposición, ni para la opinión pública.