Barea propone que comunidades y municipios trasladen al usuario el coste de las infraestructuras

Un informe de la Oficina del Presupuesto, dirigida por José Barea, propone que las comunidades autónomas y los ayuntamientos trasladen al usuario el coste de sus nuevas infraestructuras, lo que supone, en la práctica, la implantación de nuevas tasas. Ese esquema significa, además, la retirada del Estado de la financiación de empresas públicas dependientes de las administraciones territoriales. El informe también señala que los traspasos de la educación a las comunidades, que culminarán en 1999, supondrán un exceso de dotación presupuestaria de unos 125.000 millones hasta el 2001.

El informe sobre la evolución del déficit público realizado por José Barea tiene un jugoso apartado relativo a las comunidades autónomas.En él analiza diversos aspectos de los costes del Estado de las autonomías, aunque se centra especialmente en la financiación de las infraestructuras y de las empresas públicas dedicadas al transporte dependientes de las administraciones territoriales, así como en el montante del traspaso de las competencias sobre educación a las comunidades autónomas.Barea defiende, en el caso de la financiación de infraestructuras, la eliminación de las ayudas de la Administración central, que en estos momentos, según su informe, asciende a unos 50.000 millones de pesetas.

Y para cubrir ese hueco expone la siguiente solución: "Desde el punto de vista de la Oficina del Presupuesto de Presidencia del Gobierno, transcurridos más de diez años desde el traspaso de las competencias, cesión de las compañías y apoyo a su saneamiento, deberían ser las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que llevasen a cabo con sus propios recursos la política de transporte", señala el informe, que continúa: "En esencia, se trataría de que las administraciones territoriales trasladen al usuario el coste de financiación y explotación de las nuevas infraestructuras, y que sean ellas las que asuman el coste de financiar su política tarifaria y de nivel de servicios demandado".

Es decir, Barea está sugiriendo, aunque sin citarlo directamente, que las comunidades autónomas y los municipios creen nuevas tasas que irían destinadas a cubrir los gastos de las nuevas obras públicas relacionadas con el transporte.

Para justificar esta postura, el director de la Oficina de Presupuestos hace una pequeña historia de las ayudas de la Administración central a las comunidades autónomas desde que se produjo el traspaso de las competencias. Barea argumenta que hasta el momento se han mantenido esas ayudas "al objeto de considerar desde una perspectiva unitaria el problema del transporte urbano". Esto sucedió con las compañías de Metro de Madrid, Barcelona y las líneas de Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE) en Valencia y Cataluña. Desde 1990 se extendió la financiación a las líneas de autobuses de Madrid y Barcelona, según detalla el estudio elaborado por el equipo de José Barea.

Agravio comparativo

El documento recoge que esta situación origina "un agravio comparativo, continuamente puesto de manifiesto por otras comunidades autónomas que reclaman ayudas similares a las de Madrid y Barcelona". También admite que "el problema se complica en la medida que el fondo gestionado por la Dirección General de Coordinación de Haciendas Territoriales se considera insuficiente por los ayuntamientos de grandes ciudades como Sevilla, Valencia, Málaga (...) que quieren una financiación por viajero similar a Madrid y Barcelona".El informe de Barea, fechado el mes de marzo, también profundiza en el coste de las transferencias pendientes a las comunidades autónomas, especialmente las relativas a la educación. El documento dice que "el importe global de las transferencias del Estado a las comunidades autónomas, actualmente en estudio y fase de realización, se evalúa en un importe cercano al billón de pesetas, de los que 830.000 millones corresponden al Ministerio de Educación y Cultura".

El equipo de José Barea, tras detallar técnicamente cómo se efectúa el trasvase, concluye que "la consecuencia de este sistema [el proceso de transferencias] en los años próximos (...) es que resulta un exceso de dotación cercano a un 2% sobre la evolución prevista cuando no son objeto de transferencia".

Esta afirmación es acompañada en el informe con un cuadro en el que se detalla, año por año, el "exceso" de gasto por transferencias. Para el año 1999, los cálculos de Barea apuntan un desvío de 18.500 millones de pesetas. Durante el siguiente ejercicio, ese exceso será de 48.200 millones; mientras que en el 2001 alcanzará 58.000 millones. Es decir, la Oficina de Presupuestos estima que el exceso provocado por las transferencias pendientes se elevará a casi 125.000 millones de pesetas hasta el 2001.

El documento oficial señala, no obstante, que "si no se realizasen las transferencias y los servicios de la Administración central continuasen atendiendo dichas funciones como hasta ahora, es posible que los créditos consignados en los presupuestos del Ministerio de Educación y Cultura serán insuficientes para hacer frente al incremento de gastos generados por la implantación de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE)".