Estudio medioambiental previo en Constantí

El Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat ha elaborado un estudio sobre la concentración de dioxinas y metales pesados alrededor de la incineradora de residuos industriales que se está construyendo en Constantí (Tarragonès), con el fin de comparar los actuales resultados con los que se obtengan una vez que se haya puesto en funcionamiento la planta. El informe pretende evaluar el impacto de la incineradora sobre las personas y el medio ambiente, y es el primero que se realiza en Europa previamente a la puesta en marcha de una actividad industrial de estas características. El mayor peligro de las incineradoras es la emisión a la atmósfera de dioxinas, compuestos orgánicos altamente cancerígenos, y de metales pesados, producidos a partir de la combustión de los residuos. En principio su impacto se minimiza con la instalación de filtros especiales en las chimeneas. El Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat quería constatar a través de este estudio, elaborado por la Facultad de Medicina de la Universidad Rovira i Virgili, cuál es la situación inicial de la concentración de este tipo de partículas en un radio de 3,5 kilómetros alrededor de la planta de Constantí y el grado de impregnación en las personas. El informe, que ha tenido un coste superior a los 60 millones de pesetas y ha sido financiado íntegramente por la Generalitat, ha analizado tres parámetros, personas, vegetales y suelo, mediante la obtención de diferentes muestras. Los técnicos han analizado alimentos, tierra, hierbas, vegetales, sangre, cabellos, leche materna y diferentes órganos humanos procedentes de autopsias. Los resultados obtenidos en todos los análisis están muy por debajo de los valores de referencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la EPA, la agencia norteamericana del medio ambiente, que se consideran nocivos para la salud. Por ejemplo, la presencia de dioxinas en los alimentos es de 3 picogramos por kilo (un picogramo es un gramo elevado a menos 12), cuando el valor referencial de la OMS es de 10 picogramos. La presencia de metales pesados también es insignificante. Estos datos coinciden plenamente con los obtenidos hace un año por la misma Facultad de Medicina de Reus para evaluar el impacto de la incineradora de residuos urbanos, situada a unos dos kilómetros de la que se está construyendo actualmente, y con los resultados de otros estudios realizados en instalaciones de Finlandia, Alemania, Estados Unidos y Canadá. Vigilancia exhaustiva La incineradora de residuos industriales y especiales de Constantí, la primera de estas características que se construye en Cataluña, estará sometida a un exhaustivo programa de vigilancia ambiental. Entre los requisitos que deberá cumplir tras su puesta en marcha figura la realización de un estudio de estas mismas características al menos con una periodicidad bienal que deberán financiar las empresas explotadoras, con un coste de 70 millones cada uno de ellos. Los resultados de los informes posteriores permitirán conocer las posibles variables en la presencia de dioxinas y metales pesados en el medio ambiente y en las personas alrededor de la planta, y con ello evaluar las repercusiones de la incineradora. En principio, según Pere Torres, presidente de la comisión de seguimiento y conciliación de la construcción de la incineradora, está prevista una disminución en las concentraciones de este tipo de partículas debido a las medidas correctoras que están aplicando las industrias petroquímicas de Tarragona. El posible impacto de la propia incineradora es mínimo, según los estudios comparativos de otras instalaciones similares europeas y norteamericanas. La incineradora de Constantí también dispondrá de unos medidores en continuo, situados en las chimeneas, que analizarán diversos compuestos y controlarán que la concentración de contaminantes no supere la establecida por legislación europea. La planta es propiedad de diversas empresas químicas instaladas en Tarragona, entre ellas la alemana Basf, la norteamericana Dow Chemical y la española Repsol. En principio está previsto que entre en funcionamiento a finales de este año. La incineradora tiene un coste superior a los 12.000 millones de pesetas y está financiada en un 45% con fondos de la Unión Europea. Su capacidad de quemado será de 30.000 toneladas de residuos industriales al año.