Una reforma fiscal regresiva

La política fiscal se debe basar en tres principios fundamentalmente: la equidad, que permite asegurar un reparto justo de la renta y de la riqueza; la progresividad, que consigue que pague más quien más tiene, y la suficiencia de recursos, es decir, que permita recaudar lo necesario para que se puedan cumplir los objetivos de gasto público de las Administraciones. Sólo hace falta leer los estudios realizados por un grupo de expertos para el Gobierno central y por el catedrático de la Universidad del País Vasco Ignacio Zubiri por encargo de la Diputación de Guipúzcoa, para tener bien clara la regresividad que van a plantear en la reforma del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) tanto el Partido Popular como el PNV. No se puede admitir que, tal como se propone en ambos estudios, el peso del impuesto más importante recaudatoriamente hablando -supone de hecho el 45% de los ingresos tributarios totales- pase ser soportado únicamente por las rentas medias y bajas. No en vano, en ambas reformas se incorpora una bajada de los tipos marginales, la eliminación de las rentas del capital y del gravamen sobre las rentas de los no residentes para captar capitales que no van a tener ninguna incidencia en las inversiones, es decir en el tejido productivo. A todo ello se añade la disminución de tramos en la escala del impuesto, lo que supone una eliminación de la progresividad, que es la base fundamental de un impuesto como el IRPF. Con todo ello lo que se va a conseguir, y parece que constituye el objetivo fundamental de la reforma, es evitar que las políticas de gasto público se orienten hacia las capas de la sociedad económicamente más débiles. Para Izquierda Unida-Ezker Batua la función redistributiva del Estado, que para eso están los impuestos, debe de realizarse a través del ingreso y no del gasto público. En caso contrario, el resultado sería una progresiva eliminación de la progresividad del impuesto de la renta. Estas políticas económicas, que podríamos calificar de conservadoras, pretenden únicamente reducir la carga fiscal, posibilitando con ello un beneficio para los poseedores de mayores rentas y patrimonios. En Euskadi no hay motivos que puedan justificar la reducción de los impuestos a los más favorecidos: ni la situación en que se encuentra el sistema de protección social, ni la presión fiscal que soportamos, que está muy por debajo de la media comunitaria y del conjunto de la OCDE, son motivos que nos induzcan a ello. Por ejemplo, en 1994, los gastos totales destinados a políticas de protección social supuso 23,5% del producto interior bruto (PIB), frente al 28,7% que se gasta de media en la UE. Por el contrario, debería abordarse un incremento de la presión fiscal para converger con la Unión Europea y recortar el diferencial existente tanto en esta variable como en los gastos de protección social. No se pueden tomar medidas que originen una distribución más regresiva de la carga tributaria y que tengan costes elevados en términos de recaudación. Por este camino elegido, si no se quieren reducir los gastos sociales -cosa que dudo que no se plantee en realidad-, se tendrá que incrementar la recaudación por la vía de un aumento de los impuestos indirectos. Y ello va a suponer que se consiga lo que las políticas económicas neoliberales, tan vigentes hoy en día en los bastiones de la derecha, proponen como onjetivo: que las cargas fiscales las soporten las clases sociales menos favorecidas.

Juan M. Basterretxea Lasa es coordinador del Área Económica de Izquierda Unida-Ezker Batua.