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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

La farsa y la tragedia

EL RÉGIMEN de Teodoro Obiang parece decidido a encastillarse en la satrapía y el aislamiento y a frustrar desde un principio cualquier esperanza de apertura que se pudiera albergar ante las elecciones del próximo mes de septiembre. Sólo así pueden entenderse las 15 penas de muerte y decenas de largas condenas de prisión dictadas tras el lamentable juicio farsa escenificado la pasada semana en el cine Marfil de Malabo.Los observadores más optimistas esperaban que el grotesco espectáculo seudojudicial de Malabo fuera tan sólo un recurso político que permitiera al régimen hacer un gesto de magnanimidad hacia los condenados y devolver así cierta credibilidad hoy inexistente a los planes de democratización tantas veces anunciados y aplazados. Pero Obiang y la correlación de fuerzas en el seno del régimen en Guinea Ecuatorial parecen impedir toda opción civilizada y matan una esperanza tras otra.

El juicio contra 117 miembros de la etnia bubi por los incidentes ocurridos en enero en Bioko (antiguo Fernando Poo) era un escándalo desde el principio. Evidencias de torturas masivas a los acusados, la muerte de algunos de ellos en prisión, pruebas ridículas y represalias contra los periodistas que cubrían la vista son algunas de las características de un juicio que ha sido un insulto a la justicia y a la inteligencia, además de un desafío abierto a la comunidad internacional.

La farsa amenaza ahora con convertirse en tragedia, germen de mayores sufrimientos en la antigua colonia española. Porque todo hace temer que algunas de las 15 condenas a muerte -sólo tres menos de las que pidió el fiscal en sus conclusiones- sean ejecutadas con celeridad. Es por ello de extrema urgencia que la comunidad internacional, y España en primer lugar, haga saber a Obiang que habrá de pagar muy caras estas ejecuciones y una conducta que ya hoy hace de las elecciones de septiembre una mera continuación del escarnio permanente a que se ve sometida la población guineana. Tiene razón el Gobierno español al calificar de «barbaridad» la sentencia. Ahora hay que hacer todo lo posible para evitar que se cumpla.

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