Tres letras para rematar bien el siglo

TPI. Son las siglas correspondientes a uno de los más ambiciosos e imaginativos proyectos para el nuevo orden mundial, al dejar atrás un siglo que ha producido, junto a muchos aciertos, grandes monstruos. Para conjurar algunos de ellos, para disuadir la aparicíon de nuevos Hitlers, Pol Pots o Karadjics, a partir del próximo 15 de junio se abrirá en Roma la Conferencia Diplomática, el esfuerzo final, para crear un Tribunal Penal Internacional, permanente y competente para juzgar los crímenes que se consideran más graves: el genocidio, los de lesa humanidad y los graves crímenes de guerra. Difícil es que a esta corta lista queden finalmente incorporados conceptos como la «agresión» o el «terrorismo».La tarea de la Conferencia, que se ha fijado la fecha tope del 17 de julio para su éxito o fracaso, es hercúlea. Pues supone, como punto de partida, buscar un punto de encuentro, de convergencia, entre culturas políticas, jurídicas y penales harto dispares, un esfuerzo en el que los británicos, desde la llegada del Nuevo Laborismo al poder, se muestran creativos, junto a los alemanes y españoles, y otros, entre los que destaca el activismo canadiense, el país que hizo posible la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonas. Justamente, éste es un precedente que no se quiere seguir, pues EE UU no lo suscribió en diciembre pasado (aunque se proponga sumarse a él con condiciones a partir del 2006). Pues sin Estados Unidos, el TPI nacería huero.

El Pentágono y el Congreso se resisten ante la posibilidad de ver a un GI, a un soldado americano cualquiera que sea el casco, verde, azul o blanco, que lleve, tener que declarar ante un tribunal así. La Casa Blanca y el Departamento de Estado apoyan la idea, aunque les gustaría un vínculo director del TPI al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo que, si requiriera un «permiso», significaría también un derecho de veto de los miembros permanentes. Ésta es una de las líneas divisorias, uno de los grandes temas abiertos, pues tal veto socavaría la esencial independencia del TPI. Especialmente cuando una de las grandes novedades en discusión sería la creación de un fiscal con derecho propio de investigación, ex officio , sin esperar al permiso o la orden de los Estados. Tal disposición sería un elemento determinante de la independencia del nuevo tribunal, que contaría, como elemento de garantía adicional contra la manipulación política u otra de los procesos y procedimientos, con una «sala ante-juicio».

El gran problema es encontrar en Roma una mayoría suficiente -dos tercios de las delegaciones estatales- para apoyar esta nueva construcción. Pues las reuniones preparatorias en las que las ONG han tenido un papel destacado no sólo han llevado a un complejo documento lleno de reservas, corchetes y fórmulas adicionales y alternativas, sino a marcar el terreno y poner de relieve serias reticencias frente a esta idea de un TPI permanente, ya sea desde América Latina (salvo Argentina y Costa Rica, y en menor medida Brasil y Chile), Asia (con la excepción de Singapur y Japón), el mundo árabe, Rusia o China. Junto a las objeciones de EE UU, que se aplican mutatis mutandi a Francia, el proyecto cuenta con apoyos en Europa, Canadá , Australia, y un nuevo dinamismo africano.

Otra gran novedad de este proyecto de TPI, que no tendría carácter retroactivo -sólo serviría para casos posteriores a su constitución-, es que podría intervenir en conflictos internos de los Estados -incluso aquellos que no sean parte del estatuto- los más numerosos y los más amenazantes en este cambio de siglo. Si cuaja, este proyecto debería acabar llevando a una especie de código penal internacional, aunque más lejos quede aún una policía judicial (aunque en Bosnia lo que falla es la voluntad para apresar, por ejemplo, a Karadzic). De todo ello se hablará hoy en un prometedor coloquio en la Universidad de Salamanca; con la sensación de que el TPI tiene en Roma una oportunidad: ahora o nunca.