Los Quince controlarán las huellas dactilares de los inmigrantes ilegales

Europa es desde ayer un lugar más áspero para quienes buscan en él su El Dorado. Los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea (UE) alcanzaron ayer un acuerdo político a partir del cual se establecerá, antes de acabar este año, un sistema para recoger y contrastar las huellas dactilares de los inmigrantes ilegales en todo su territorio. Se les controlará, pero, pequeño detalle, no se sabe aún a quiénes.

La naturaleza electoralista de esta decisión es diáfana. Porque proviene de una Alemania en período preelectoral, donde la opinión pública está muy sensibilizada contra el flujo de inmigrantes del Este, de los Balcanes, Turquía o Irak. Bonn pidió el pasado 19 de marzo, con el apoyo de Viena, aplicar este control a los inmigrantes ilegales que entran en la UE -por ejemplo a través de Italia- y posteriormente solicitan asilo en un Estado miembro distinto, por ejemplo Alemania.Y también está clara la tonalidad electoralista porque se ha empezado la casa por el tejado: el acuerdo indica que se aplicará el control de huellas a los inmigrantes ilegales, pero no se ha definido esa condición, queda pendiente para los próximos meses. Eso sí, se ha acordado solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeras, con sede en Luxemburgo.

En realidad, el control y contraste de huellas dactilares está previsto ya para los peticionarios de asilo procedentes de terceros países, según lo acordado en el Convenio Eurodac que desarrolla el Convenio de Dublín de 1990, vigente desde el 1 de septiembre del año pasado.

El problema que se planteaba para tramitar las demandas de asilo era que la mayoría de los solicitantes se presentaban en territorio comunitario sin documentación. Por eso se elaboró el convenio Eurodac, que permite identificar a los demandantes mediante sus impresiones dactilares. Las Administraciones nacionales toman las huellas y las remiten a un archivo central.

Así se puede verificar que el peticionario plantea su demanda por primera vez y no la ha presentado anteriormente en otro de los países de la UE. Y se impide que un Estado traslade a otro al peticionario, como una peonza, sin que ningún Gobierno se haga cargo de tramitar su demanda. Es decir, se evitan posibles abusos cometidos tanto por los peticionarios como por los Gobiernos de la UE.

Pues bien, lo que ahora se ha pactado es extender la aplicación de ese convenio y de sus mecanismos también a los inmigrantes ilegales. Un estudio favorable ha facilitado la decisión. Pero quedan muchos cabos sueltos. Entre ellos, el de quién será responsable del archivo central. El Parlamento Europeo opinó que debería ser la Comisión. Francia se ha venido oponiendo a ello, arguyendo que la información a incluir en esa base de datos es de carácter nacional. Pero la mayoría de sus socios le ha respondido que el Tratado de Amsterdam -aún no vigente- ha comunitarizado las políticas de asilo e inmigración.

Lo que sí se ha pactado es la fórmula jurídica por la que se ampliará el Convenio Eurodac a los inmigrantes ilegales. Alemania, Austria y los Países Bajos pretendían incluir esa enmienda en el texto del Convenio actual. Otros, incluída España, preferían dejar intocado el Convenio Eurodac y añadirle un protocolo específico para los inmigrantes. De esta manera se distinguirán mejor los dos colectivos afectados. Esta última es la solución adoptada ayer.

Con acuerdos como el de ayer, los Quince acreditan bastantes avances en los aspectos más restrictivos de los ámbitos de Justicia e Interior. No se han dado tanta prisa en desarrollar los elementos relativos a la ciudadanía y los aspectos positivos de la libre circulación de personas. Pero la presidencia austriaca planea dar un impulso a éstos en octubre.