El fiscal no pide pena para los 4 españoles en Guinea

Un inoportuno corte de luz impidió ayer que el consejo de guerra sumarísimo que se sigue en Malabo contra 117 personas de la etnia bubi pudiera quedar visto para sentencia. La fiscalía elevó sus conclusiones personificando los delitos de terrorismo, traición, secesión y tráfico de armas en 25 personas, incluido Martín Puyé, portavoz del Movimiento para la Autodeterminación de la Isla de Bioko (MAIB). El mismo fiscal, comandante Roman Bibang, no descartó, en declaraciones a los periodistas extranjeros, que pida pena de muerte para ellos.La fiscalía relató pormenorizadamente los hechos del 21 de enero, en los que cinco personas, cuatro de ellas militares, perdieron la vida. Hizo hincapié en las mutilaciones (ensañamiento) que sufrieron los cadáveres («le metieron los genitales en la boca como si fueran un chupete») y en el elemento conspiratorio de la revuelta. Citó los nombres de los implicados en esas matanzas sin mencionar en momento alguno a los cuatro ciudadanos españoles de origen guineano, para los que no pedirá pena, según sus propias declaraciones. Basó toda su línea argumental en las revelaciones de los detenidos ante la policía. Bibang concluyó su intervención con una advertencia a futuros conspiradores, a los que amenazó con el peso de la ley, dando a este juicio sumarísimo un carácter ejemplarizador que permite entrever la dureza de las penas.

La defensa, por su parte, centró su intervención (hasta que un corte de luz dejó sin voz al teniente coronel Lorenzo Mongue), en demostrar los graves fallos en la instrucción que, a su parecer, invalidan todo el proceso. Para Ponciano Mbomio, la tipificación de los delitos que se imputa a los acusados no se corresponde con la realidad. La secesión no está tipificada en código alguno de este país. La traición requiere la implicación de un Ejército extranjero y el de terrorismo, el daño de bienes. Mbomio cree que el delito que se adecúa a este caso es el de asesinato y su jurisdicción, la ordinaria. El abogado Juan Oló citó el artículo 733 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que otorga al presidente del tribunal la potestad de modificar los cargos. Al no hacerlo, Oló considera nulo el proceso y pidió la libertad de todos los encausados.

El abogado de los cuatro españoles proceasdos, Celestino Obiang, puso de manifiesto la inocencia de sus detenidos y que no se ha presentado prueba alguna contra ellos. Obiang destacó también que en ninguna declaración se les cita como parte de la turbamulta que asaltó los puestos militares de Luba ni entre los bubis que acudieron a los entrenamientos pseudomilitares.