Protección de Datos propone multas de hasta el 10% de lo que facture la firma sancionada

El director de la Agencia de Protección de Datos (APD), Juan Manuel Fernández López, admitió ayer en el Congreso que a empresas como Telefónica «puede ser que no les afecten grandemente» las multas impuestas por la institución que dirige, ya que «les puede resultar barato infringir la ley». Dado el carácter escasamente disuasorio de estas sanciones, propuso que en la próxima reforma legal, obligatoria para trasponer la correspondiente directiva europea, se aumenten las multas hasta un máximo equivalente al 10% de la facturación de la empresa sancionada.

Fernández hizo esta reflexión en la comisión constitucional del Congreso, tras enumerar los expedientes abiertos a Telefónica por incumplir la Ley Orgánica Reguladora del Tratamiento Automatizado de Datos Personales. Las cinco sanciones impuestas hasta ahora a la compañía suman 150 millones.También sugirió que, como sanción suplementaria, se obligue a publicar las resoluciones de la APD, con carácter ejemplarizante y para conocimiento de los ciudadanos.

Pese a la multiplicación de los expedientes, Fernández defendió su utilidad, ya que Telefónica ha comunicado a sus abonados que no volverá a ceder con fines publicitarios sus datos personales, y Telefónica Publicidad e Información (TPI, la filial de la compañía que comerciaba con ellos), ha comunicado a la Agencia la destrucción de los ficheros que tenía en su poder. TPI facturó en 1996 un total de 31.286 millones.

Ocho expedientes

La Agencia de Protección de Datos ha abierto a Telefónica hasta ocho expedientes, de los cuales tres siguen en trámite. Los otros cinco son los que han totalizado las sanciones de 150 millones de pesetas. Las multas más cuantiosas se han debido al tratamiento y cesión ilegal de datos personales de los abonados. TPI -antes Cetesa- ha sido sancionada en tres ocasiones. Las dos primeras con multas de 50 millones cada una y una tercera con 10.La última multa impuesta a Telefónica, por importe de otros 10 millones y una peseta, data precisamente de hace dos semanas (el pasado 11 de mayo), tras la denuncia de un cliente cuyos datos fueron cedidos a terceros pese a una petición expresa en contrario. Entre las investigaciones en curso, figura una abierta de oficio tras la publicación en el diario Egin del listado confidencial de llamadas realizadas desde el piso del CESID utilizado para espiar la sede de HB en Vitoria.

Por otra parte, el nuevo director de la Agencia, que comparecía por vez primera en el Congreso, explicó que se ha dirigido en dos ocasiones al Ministerio de Defensa, los pasados días 3 y 22 de abril, para advertirle de que los datos que facilitan los Ayuntamientos para reclutar a los jóvenes obligados a cumplir el servicio militar no pueden utilizarse con un fin diferente. Fernández se refería al buzoneo para dos millones de varones de 18 a 24 años que se propone realizar Defensa para promoción del Ejército profesional.

El problema, explicó Fernández, no radica tanto en el tratamiento de estos datos personales por una empresa de mercadotecnia, que puede realizarse siempre que se cumplan las garantías previstas, sino en la prohibición legal de cambiar la finalidad de los datos recabados con un objetivo concreto. López, que calificó de «ejemplar» la actitud de Defensa, se mostró convencido de que sus sugerencias han sido atendidas y la campaña no seguirá adelante.

Según los datos que ofreció, en España están oficialmente inscritos 230.990 ficheros de datos personales, de los que 202.631 tienen carácter privado. Las sanciones impuestas, que han pasado de 4 en 1994 a 202 en 1997, superan en total los 2.000 millones de pesetas.