Denuncias de que la UE se plegó a EE UU en el acuerdo sobre el comercio con Cuba

La aprobación el lunes por los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea del acuerdo alcanzado con EE UU para la protección de inversiones supone la voladura de la posición común de la UE sobre Cuba, al asumir los principales contenidos de la ley Helms-Burton, y entra en contradicción con tratados internacionales vigentes suscritos por España, el Reino Unido y Francia con Cuba. Así lo admiten parlamentarios españoles que esgrimen las propias declaraciones de Washington. El Gobierno de José María Aznar deberá acudir en breve al Congreso para dar explicaciones.

EE UU no ha ocultado su satisfacción por el acuerdo que internacionaliza la prohibición de negociar con propiedades expropiadas ilegalmente, en opinión de Washington. El presidente norteamericano, Bill Clinton, en la conferencia de prensa celebrada el pasado día 18 en Ginebra, así lo anunció y el subsecretario nortamericano, Stuart Eizenstat, enviado especial para temas cubanos, fue más lejos. El acuerdo, dijo, «va a ser el mecanismo que de forma más drástica acabará con las inversiones relacionadas con propiedades norteamericanas desde que Castro llegó al poder».La ley Helms-Burton, que consta de cuatro títulos, había sido denunciada por la UE ante la Oganización Mundial de Comercio (OMC) por los títulos tercero y cuarto, que afectaban directamente a empresas europeas. Los dos primeros afectan exclusivamente a Cuba. El título 3º da derecho a los ciudadanos norteamericanos con intereses en la isla a iniciar acciones en EE UU para recuperar esas propiedades, y el título 4º permitía a las autoridades norteamericanas negar el visado de entrada a los directivos de aquellas empresas que inviertan en propiedades que hayan sido confiscadas a norteamericanos. La UE consideraba toda la ley como legislación extraterritorial.

El diputado de Convergència i Unió (CiU) Ignasi Guardans, portavoz de su grupo en la Comisión de Asuntos Exteriores, que ha solicitado la comparecencia del Gobierno, es categórico sobre las consecuencias de este acuerdo: «En derecho internacional, cada Estado, dentro de sus fronteras, es soberano. Sí tiene que compensar, pero no tiene nunca que devolver las propiedades, aunque deba pagar por ellas. Y eso lo ha reconocido el propio Tribunal Supremo de EE UU en una sentencia de los años sesenta respecto a empresas norteamericanas expropiadas en Cuba».

El diputado catalán señala que, según ese principio, «España, el Reino Unido y Francia firmaron con Cuba lo que se llamaron los Acuerdos Globales Compensantorios. En España fue firmado en su momento por el Gobierno socialista, y son auténticos tratados internacionales con un contenido muy sencillo. Reconocen la expropiación y pactan una cantidad global por todas las propiedades expropiadas. Todo esto queda patas arriba con el acuerdo», añadió.

La UE ha alcanzado este acuerdo con EE UU sin apenas compensaciones, salvo la promesa de Clinton de iniciar conversaciones con el Congreso para poder suspender indefinidamente el título 4º de la ley. Es decir, mantiene intacto el título 3º. El acuerdo, además, establece un registro internacional de propiedades ilegalmente expropiadas, siempre en opinión de EE UU, que las empresas europeas deberán consultar antes de iniciar cualquier inversión en Cuba. Los Gobiernos europeos no podrán ayudar bajo ningún concepto en cualquier transacción que se haga con las propiedades registradas en esa lista. Más aún, según documentos facilitados por la Casa Blanca para explicar el alcance del acuerdo, la UE y EE UU coordinarán sus acciones diplomáticas ante los Estados expropiadores.

El portavoz del Partido Popular en la Comisión de Asuntos Exteriores, José María Robles Fraga, valora positivamente el acuerdo, que pone fin al pulso que mantenían EE UU y la UE en la OMC.

Para el portavoz de CiU, sin embargo, el acuerdo dinamita la llamada posición común de la UE sobre Cuba, en la que se renunciaba a toda coacción exterior y a toda medida coercitiva sobre Cuba, al tiempo que se censuraba la ley. «Esto contradice la posición común, ya que los europeos asumen no invertir en países con bienes expropiados, y eso es una pura coacción exterior porque eso supone una grandísima presión sobre las inversiones en Cuba».

Guardans señala que el acuerdo atenta contra un reglamento de la UE que está en este momento en trámite en el Congreso, en el que se sanciona a cualquier empresa europea que colabore con las autoridades norteamericanas en la aplicación de la ley. Este acuerdo no sólo deja sin sentido ese reglamento, sino que cada uno de los miembros de la UE se compromete a impedir la inversión allí donde un ciudadano norteamericano considere que aquello era suyo ».