Las dificultades de un dictamen

Dictamen equivale a opinión motivada sobre una cuestión o problema desde una óptica facultativa. Que una entidad consultiva, como es el Consell Valencià de Cultura (CVC), reciba de una cámara legislativa el encargo de dictaminar sobre cuestiones lingüísticas no tendría nada de extraño si no fuera porque esas cuestiones en el caso valenciano han estado situadas en el centro de la controversia política. El CVC asumió en su momento la tarea como un hecho histórico en palabras de su presidente, con plena conciencia de las dificultades que iban a surgir en la empresa, y con la voluntad de buscar unas vías de solución que permitieran al cuerpo legislativo acometer la función propia de dotarnos de una norma aplicable y acorde con los elementos científicos e históricos. Durante una primera fase, los miembros del órgano consultivo hemos recabado la ayuda de las partes implicadas más directamente en nuestro conflicto lingüístico, en concreto las universidades, algunas entidades culturales y la Real Academia de Cultura Valenciana. De otra parte, y a causa del interés de la cuestión, muchos ciudadanos, entidades e instancias de diversas universidades españolas y extranjeras nos han enviado escritos, informes y propuestas. En síntesis hemos resumido todo aquello que hemos oído y leído, planteándose tres tipos de elementos: 1. Los que afectan a la situación y promoción del valenciano; 2. Su naturaleza; 3. La posibilidad de crear un ente codificador de la lengua. Las diferencias se han puesto de manifiesto en el momento de definirse, de emitir nuestra opinión, y es que los miembros del CVC no están al margen de los condicionantes sociales y políticos del problema. Los representantes más cualificados de lo que conocemos como el secesionismo se han resistido a admitir la autoridad científica de las universidades, las cuales, dicho sea de paso, han coincidido en considerar al "valenciano" como una variedad de la lengua hablada en Cataluña y Baleares; los miembros procedentes de la izquierda y algún caso concreto procedente del PP se han definido por la unidad lingüística, en tanto el grueso de los miembros propuestos por el partido del gobierno han ido vacilando hasta optar por una posición próxima al secesionismo. Desde mi punto de vista, y sin invalidar el cuerpo científico del problema, he insistido en un tipo de posicionamiento que parte del Estado de derecho y del papel que en nuestro ordenamiento jurídico tienen las universidades y la aplicación de lo prevenido en el artículo tercero de nuestra Constitución, el cual consagra la oficialidad en sus territorios de las lenguas propias. ¿Podemos conceder el mismo peso a la Real Academia de Cultura Valenciana o Lo Rat Penat, que a las universidades que otorgan los títulos académicos por imperativo legal? ¿Podemos ignorar que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua defina el valenciano como variante de la lengua catalana que se habla en el antiguo Reino de Valencia? Un órgano como el CVC, formado por personas de diversa formación intelectual no puede ignorar el resultado de sus propias consultas, y menos dejar de lado la opinión de los doctores en Filología, y de las universidades. ¡Como si la pólvora no estuviera inventada! Es más, nuestro más alto tribunal de justicia, cuya misión es interpretar la Constitución y los estatutos de autonomía, en sentencia de 21 de abril de 1997 declaró que considerar al "valenciano" como sinónimo de lengua catalana en el ámbito universitario no contravenía lo dispuesto en el Estatut de Autonomia de la Comunidad Valenciana. Pese a todo ello hay quien en nuestro último pleno nos hizo retroceder a la predemocracia cuando tachó de político al Tribunal Constitucional y se negó a acatar su juicio. El CVC debe pues remitirse a lo aceptado por las instituciones públicas, es decir, las instituciones que por Ley Orgánica 11 de 1983 tienen la función del desarrollo científico, formación profesional y la extensión de la cultura. Cuanto menos, un partido democrático y respetuoso con la ley y los tribunales, como sostiene y pretende ser el PP, debe acatar los mínimos de un Estado de derecho, y por ello, no puede dar el mismo crédito a los depositarios del saber reconocidos institucionalmente que a otras entidades respetables pero carentes de ese aval. Debemos salir del impasse, llegar a acuerdos, pues estos son necesarios para evitar el lastre y los inconvenientes de un conflicto que genera resistencias a la promoción de la lengua propia, y que aún la sitúa en más inferioridad en relación con la lengua oficial de todo el Estado. Así pues están las cosas. ¿Será posible el acuerdo y el entendimiento deseado por la gran mayoría? Vicent Álvarez es miembro del Consell Valencià de Cultura.