El Gobierno acepta que las graveras se extiendan por todo el Parque del Sureste

Las graveras camparán a sus anchas durante al menos cinco años en el Parque Regional del Sureste. Así lo refleja el nuevo plan de ordenación de recursos del parque (PORN), la última versión de este polémico documento que ha elaborado el Gobierno regional, del PP. Un informe del Consejo de Estado respaldó a los empresarios de graveras en sus intenciones de abrir explotaciones mineras allí donde quisieran, en contra del deseo de la Consejería de Medio Ambiente, que en un primer plan restringía el número de minas en el parque.

El Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Sureste es un documento que regula las actividades permitidas y prohibidas dentro de esta área natural de 24.000 hectáreas. Su aprobación está pendiente desde 1994, cuando la Asamblea de Madrid aprobó por ley la creación del parque.La Consejería de Medio Ambiente elaboró el primer borrador del nuevo plan en octubre de 1997. En él se establecía la expulsión de la mitad de las 70 graveras que han agujereado el parque. El documento señalaba que no se iban a prorrogar "las concesiones de explotación [de gravas] situadas en las zonas A, B, C y E". Estas cuatro son las zonas más protegidas de las seis en que se divide el parque natural. Tampoco se permitía la extracción en las zonas llamadas D y F (las más degradadas del parque). Sólo había una excepción: la subdivisión llamada D-3, con escasa importancia medioambiental.

Sin embargo, la Asociación de Fabricantes de Áridos (Anefa) presentó alegaciones contra el nuevo documento. Consideraba que el PORN era contrario a la ley por la que se creó el parque en 1994. Esta norma fijaba una división en zonas que el plan modificó en su grado de protección. Es decir, mantenía el perímetro de las áreas, pero las hacía más restrictivas, con lo que se reducían las zonas donde las graveras podían abrir el subsuelo. "Donde la ley, que tiene rango superior, establece sólo limitaciones, una norma como el PORN, de rango inferior, no puede ir más allá", indicaron los responsables de las graveras.

Ante esta situación, la Consejería de Medio Ambiente no se atrevió a aprobar el PORN. Prefirió consultar primero al Consejo de Estado sobre la legalidad de su plan. Este organismo consultivo determinó que "tales prohibiciones y las eventuales nuevas limitaciones no se pueden establecer en el PORN por infracción del principio de jerarquía normativa". Sin embargo, este texto "sí puede desarrollar pormenorizadamente las prohibiciones y limitaciones establecidas en la ley del parque".

Cinco años de plazo

Medio Ambiente, por ello, ha sacado un nuevo documento donde se lee: "Aquellas graveras que tengan autorizado un plazo mayor de un año de explotación y se encuentren situadas en las zonas A, B, C y E adoptarán aquellas medidas específicas complementarias que sean requeridas por la Administración competente para la adecuación de sus instalaciones a lo dispuesto en el plan de ordenación". Y añade que las graveras situadas en las zonas citadas "concluirán su actividad en un plazo no superior a los cinco años desde la aprobación del presente PORN", de acuerdo con una disposición adicional de la ley que creó el parque.En las zonas D y F no se establece ahora ningún tipo de restricción, y se considera compatible "el aprovechamiento de los recursos mineros" con "los objetivos y finalidades definidos por la ley del parque". El consejero de Medio Ambiente, Carlos Mayor Oreja, reconoce que el Consejo de Estado ha dado la razón a las graveras. "No podemos ir contra la ley; por tanto, no podemos expulsarlas, pero sí ponerles restricciones y ser rigurosos ante ellas".

Mayor Oreja recuerda que el nuevo plan de recursos obliga a estas empresas a no horadar el terreno por debajo del nivel freático y a restaurar un mínimo de cinco hectáreas para conseguir una renovación de la licencia de explotación. Las explotaciones mineras no podrán superar tampoco nunca las cinco hectáreas. "Además, imponemos la obligación de depositar una fianza a las empresas antes de comenzar la explotación. Con ese dinero se asegura que, si la empresa quiebra, se puedan llevar a cabo las labores de restauración medioambiental", indica.

Las graveras también deberán "recuperar [anualmente] el suelo según se vayan agotando los recursos de la superficie afectada". Y repondrán la cubierta vegetal con un mínimo de 70 centímetros, además de repoblar el terreno en la "estación climática más favorable". La repoblación, en los suelos que no sean agrícolas, deberá ser total. "Ninguna zona deberá ser desprovista de vegetación", dice el PORN.