El Constitucional / 2

E L PORTAVOZ del Gobierno anunció ayer una ronda de contactos de José María Aznar con los líderes de los partidos para hablar de asuntos sobre los que el presidente ofreció consenso en el debate de la semana pasada. Es de esperar que entre ellos figure, además de la reforma del Cesid, la renovación del Tribunal Constitucional. Han transcurrido ya tres meses desde que el Senado debió elegir a los cuatro juristas «de reconocida competencia» que sustituirán a los cuatro magistrados de ese tribunal -incluidos su presidente y su vicepresidente- que concluyeron su mandato el 22 de febrero. No es la primera vez que se produce el retraso ni es el Constitucional la única institución afectada por el mismo. Y de nuevo son los dos grandes partidos nacionales, el PP y el PSOE, los principales responsables.La mayoría de tres quintos exigida por la Constitución es imposible sin el acuerdo de esas dos formaciones. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional estableció la obligación de que el presidente del tribunal, «antes de los cuatro meses previos a la fecha de expiración de los nombramientos», solicite al presidente del órgano al que corresponde elegir a los nuevos magistrados que inicie «el procedimiento para ello». El presidente del Constitucional, Álvaro Rodríguez Bereijo, cumplió en octubre de 1997 ante el presidente del Senado, Juan Ignacio Barrero, ese precepto y recientemente lo ha reiterado. Sin embargo, no se conoce que ese largo periodo de cuatro meses fuera utilizado para avanzar en la negociación.

Sólo al final de ese plazo se produjo un encuentro entre Aznar y Almunia, que no logró resultados positivos y que ni siquiera puso en marcha unas gestiones para lograrlos. Si a los estudiantes que dejan la preparación de los exámenes para el último momento se les puede perdonar esa desidia cuando aprueban, los dirigentes de los dos principales partidos merecen, por el momento, un contundente suspenso.

El reciente fallecimiento del magistrado del Constitucional Enrique Ruiz-Vadillo y la inmediata comunicación de la vacante producida al presidente del órgano que lo eligió -el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)- puede dejar una vez más en evidencia a los políticos. Porque si el presidente del Consejo, Javier Delgado Barrio, incluye el asunto, como parece, en un inminente pleno y si el órgano plural que preside logra ponerse de acuerdo, también por tres quintos, sobre un magistrado que represente dignamente al poder judicial en el Tribunal Constitucional, el retraso del Senado resultará aún más clamoroso.

Aunque es sabido que la decisión última no corresponde a los senadores, sino a los dirigentes políticos de los grupos representados en la Cámara, no sería desdeñable que su presidente introdujera el punto de la renovación en el orden del día de los sucesivos plenos hasta que se produzca el acuerdo. De ese modo, Aznar y Almunia se verían tal vez compelidos a ahorrar a sus senadores el bochorno de que se les recordase cada día que los que hacen las leyes no las cumplen.