Aguas poco transparentes

Pocas horas después de que las balsas de las minas de Aznalcóllar reventaran, la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, aseguraba que el ya famoso acuífero 27 (Almonte-Marismas), sobre el que se dispone el Parque Nacional de Doñana, no se vería afectado por el vertido. Por el contrario, Miguel Ferrer, director de la Estación Biológica de Doñana, se mostraba convencido de que este fenómeno era inevitable. Nadie tenía aún datos que avalaran cualquiera de las dos posturas, por lo que durante algunos días la polémica sirvió para aumentar la confusión. El primer informe oficial al respecto, elaborado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se distribuyó a los miembros del Grupo de Aguas del Patronato de Doñana a mediados de la pasada semana. A lo largo de 23 páginas, el documento analizaba exhaustivamente los previsibles efectos del vertido en el sistema hidráulico y, con especial detalle, en las aguas subterráneas. El informe admitía que se había producido la contaminación de los cauces del Guadiamar y el Agrio, así como de los acuíferos aluviales de ambos ríos, depósitos subterráneos de agua que se disponen bajo el lecho fluvial y se extienden a ambos lados de sus márgenes cubriendo un anchura media de dos kilómetros. Con respecto a otros acuíferos, y esto era lo verdaderamente novedoso, el texto se pronunciaba en términos preocupantes: "Existe también el riesgo evidente de contaminación de los acuíferos de Almonte-Marismas y Aljarafe en las zonas colindantes al aluvial del Guadiamar, así como al de Niebla-Posadas en el área más cercana a la presa de residuos". En las conclusiones se volvía a insistir en la misma idea, usando calificativos aún más contundentes: "...las condiciones hidrológicas y la previsible evolución de contaminantes indican un claro e inminente riesgo de afección a diferentes sectores , razón por la cual es absolutamente necesario un estricto control de la situación". A pesar de estas advertencias, los análisis efectuados entre el 28 de abril y el 5 de mayo solo mostraban la presencia de contaminantes en puntos muy concretos situados dentro de la zona cubierta por los lodos, sobre todo pozos que se vieron inundados por la riada tóxica. El informe aseguraba que, con excepción de los aluviales del Guadiamar y el Agrio, "el resto de unidades acuíferas se mantienen en el rango de la normalidad". Esta afirmación, sin embargo, estaba condicionada: "Hay que tener muy en cuenta que estos datos corresponden al primer muestreo realizado, a una situación inicial que aún no puede registrar un proceso de contaminación avanzado. Es previsible, pues, que las condiciones vayan empeorando con el tiempo (...)". La difusión de este informe causó la respuesta de la Subdelegación del Gobierno en Andalucía, a través de la cual se coordinó la redacción de un nuevo documento, matizando las afirmaciones del anterior. El comunicado, que una vez más suscribía la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se hizo público cuando apenas habían transcurrido 24 horas del primer pronunciamiento. En tres folios se negaba lo que un día antes era "evidente", "claro e inminente". Ahora los técnicos consideraban "materialmente imposible que los vertidos afecten al acuífero del Aljarafe", explicaban que "el acuífero Niebla-Posadas se encuentra situado aguas arriba del vertido por lo que la probabilidad de afección es prácticamente nula" y advertían "que el contacto del río Guadiamar con el acuífero Almonte-Marismas se produce en uno de sus bordes exclusivamente". Aún cuando en el primer informe no se incluía esta aclaración, este cambio radical de posición se explicaba por el hecho de que el texto que había desatado la polémica solo "recogía un escenario de posibilidades de afección a las aguas subterráneas, la mayoría de ellas de mínima probabilidad de ocurrencia. La polémica estaba nuevamente servida y las explicaciones volvían a ser confusas.