El verdadero déficit

Pasadas las fanfarrias políticas del debate sobre el estado de la nación, quedan los datos. Al margen de las circunstancias coyunturales, este debate se configuró históricamente como un examen al presidente del Gobierno, su política y sus cuentas. Sobre estas últimas, José Borrell planteó serias dudas sobre la verdadera situación de la Seguridad Social y sobre el déficit público. Las sospechas sobre la primera, por su incidencia sobre algo tan sensible como las pensiones futuras (no, en primera instancia, sobre los actuales pensionistas), están ocultando la polémica del desequilibrio de las cuentas públicas (excepto para el Financial Times, que al día siguiente del debate reflejaba en sus páginas la denuncia del líder socialista). Borrell dijo: "El objetivo del déficit público lo ha conseguido usted [Aznar] incumpliendo todos los compromisos electorales: subiendo la presión fiscal un 0,9% del PIB en dos años, disminuyendo la inversión pública casi un punto del PIB, reduciendo las transferencias a las empresas públicas en crisis o pérdidas -que tendrán que buscárselas por su cuenta en el mercado de capitales- en 0,6% puntos del PIB. (...) Si se hubiesen computado adecuadamente todas las anticipaciones de ingresos y todos los diferimientos de pagos, y si todas las hipotecas que pesan sobre los futuros presupuestos se hubiesen puesto en un régimen estacionario de ingresos y gastos, su déficit presupuestario en 1997 no hubiera sido del 2,7%, sino del 4,3%. (...) La sostenibilidad del escenario presupuestario, para que sea compatible con el Pacto de Estabilidad, está profundamente comprometida".La hipótesis de que el déficit estructural de la economía española esté por encima del 4% venía siendo expuesta por muchos economistas antes de Borrell. Incluso técnicos cercanos al PP lo han afirmado en artículos e intervenciones (por otros motivos: exigiendo una reforma del gasto público) desde hace meses. Por ejemplo, Alberto Recarte, un economista liberal de gran solvencia que asesoró al PP antes de su llegada a La Moncloa, escribía que en 1997, con un ciclo económico ligeramente adelantado al europeo, creciendo un 3,2% [en ese momento; ahora, un 3,8%], con un punto de transferencias desde la UE al conjunto de las Administraciones públicas, un recorte significativo de la inversión pública y unos ingresos no fiscales (por privatizaciones) superiores a un billón de pesetas, había un déficit público del 2,8% del PIB; Recarte concluía: "Lo que quiere decir que nuestro déficit estructural se sitúa en torno al 4,5% del PIB".

Todas estas operaciones contables -que tenían como objetivo llegar a la cumbre de Bruselas con los deberes hechos- son legítimas, pero suponen una opción política arriesgada. Los principales capítulos de reducción del déficit presupuestario tienen que ver con la bonanza del ciclo económico, que ha permitido reducir los gastos del desempleo y los intereses de la deuda pública (en mil millones de pesetas diarios), con la limitación de la inversión pública y con la venta de las empresas estatales. Ello significa que se han reducido los activos financieros del país y no se han creado nuevos activos físicos; se pierden para el futuro los ingresos de las empresas que se han vendido y se renuncia a la construcción de nuevas infraestructuras.

La analogía es si algún empresario privado expondría ante sus accionistas la bondad de la reducción de su déficit de explotación si éste se hubiera logrado vendiendo las máquinas de su sociedad o dejando de invertir y amortizar. Ésa es la coyuntura a la que, después del euro, se tiene que enfrentar el ministro de Economía. Es decir, si, como afirmó Borrell, es cierto que "en el escenario hipotéticamente más favorable para la economía española (...) en ningún caso se alcanza el nivel de déficit compatible con el programa de convergencia".