Absueltos por prescripción del delito todos los acusados en el juicio por abortos en Málaga

La Audiencia Provincial de Málaga ha absuelto a los 34 acusados del mayor juicio por abortos celebrado en España por considerar que los delitos han prescrito. El hecho de que el proceso quedara arrinconado en los juzgados de 1989 a 1996 es, para el magistrado Félix López Cruz, ponente de la sentencia, motivo suficiente para dictar la absolución. Los defensores habían pedido anular el juicio por prescripción de los delitos. Llegar ahora a la misma conclusión ha motivado su protesta, ya que sus clientes han debido sufrir el proceso y quedan sin derecho a indemnización.

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial considera que los delitos han prescrito porque, entre octubre de 1989, fecha en que se dictó la apertura del juicio oral, y junio de 1996, fecha en que se declaró competente a dicha sala para celebrarlo, transcurrieron más de cinco años sin que se efectuasen diligencias de peso que hubieran impedido la prescripción.Los abogados de la defensa habían alegado la prescripción de los delitos antes del comienzo del juicio, pero el tribunal decidió no pronunciarse sobre este extremo hasta la sentencia y ordenó la celebración de la vista. Por eso, el hecho de que finalmente el juez ponente haya decidido basar la absolución en la prescripción de los delitos ha provocado cierta incomodidad entre los letrados. «Si la sala se hubiera pronunciado antes, se les habría ahorrado a los acusados la pena de banquillo», comentaba el defensor del ginecólogo Alberto Stolzemburg.

Pero el que se ha mostrado más airado con la conclusión del proceso ha sido el ginecólogo Germán Sáenz de Santamaría, que ha manifestado su intención de recurrir al Tribunal Supremo y ha anunciado que, cuando haya sentencia firme, se querellará contra los jueces y fiscales que participaron en la instrucción del caso. En el mismo sentido se han pronunciado los médicos Valero Antonio Enfedaque y Ernesto Rittwagen, también procesados.

«Esta sentencia no entra en los problemas de fondo que afectan al proceso», dijo Sáenz de Santamaría. «Si se hubiera decretado la nulidad antes del juicio entendería que no se hubieran hecho más consideraciones, y además se nos habría indemnizado por los meses de cárcel que sufrimos y por las pérdidas económicas, pero esta sentencia nos priva del derecho de ser indemnizados».

El macroproceso de abortos de Málaga comenzó en noviembre de 1986, con una redada policial en la clínica que regentaban Sáenz de Santamaría y Luis Alberto Stolzemburg en la que resultaron detenidos los cuatro médicos de la clínica, cuatro auxiliares y más de una veintena de mujeres acusadas de haberse sometido a abortos. En los 12 años que ha durado el proceso, los abogados de la defensa han venido denunciando una larga serie de irregularidades, cometidas tanto durante la investigación policial como en el periodo de instrucción.

Ya en el juicio, el tribunal anuló la prueba principal de la acusación, el informe forense que certificaba que los abortos se habían cometido, porque la defensa demostró que el médico que los había efectuado tenía interés directo en la causa. Antonio García de Gálvez, el médico que actuó como perito, vivía en aquella época en el mismo edificio donde estaba la clínica y, como miembro de un movimiento antiabortista, había promovido en la comunidad una recogida de firmas para lograr su cierre. Que haya sido el único macroproceso por aborto que no haya acabado archivado ha terminado por convertirlo en el principal objeto de denuncia de los colectivos que defienden el aborto libre.