Las Cortes exigen al Gobierno el fin de la contaminación del Segura

Todos los grupos de las Cortes Valencianas elevaron ayer su voz al unísono para pedir al Gobierno central una solución al problema de la grave contaminación que sufre el río Segura. Ante el acoso de los fertilizantes, detergentes y todo tipo de residuos industriales y urbanos, las quejas de las poblaciones de la Vega Baja, que el domingo se manifestaron multitudinariamente en Murcia, han tenido su eco entre los diputados de las Cortes, que ayer decidieron quejarse ante Madrid por la agonía del río.

La iniciativa parlamentaria tiene su origen en una propuesta de resolución presentada por el diputado socialista Hermenegildo Rodríguez en febrero pasado. Una propuesta que instaba al Gobierno de José María Aznar a aprobar urgentemente el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura -que preveía el mantenimiento de un caudal ecológico constante de 50 hectómetros cúbicos anuales- y a culminar los planes de saneamiento nacional, valenciano y murciano con la mayor brevedad posible. La dinámica parlamentaria, que demora este tipo de propuestas durante más de cinco meses, condenó a la iniciativa "a dormir el sueño de los justos", según explicó ayer Rodríguez. Pero la manifestación del pasado domingo, que congregó en las calles de Murcia a más de 12.000 habitantes de la comarca de la Vega Baja (el día 24 habrá otra en Orihuela), hizo factible una solución más rápida. Así, a propuesta del portavoz socialista, Antonio Moreno, ante la junta de portavoces se decidió tratar en el pleno de ayer el recado valenciano al Gobierno central. Hubo negociación y lo que ayer aprobaron por unanimidad los diputados fue una enmienda transaccional que, a juicio de Rodríguez, amplía su propia propuesta de resolución. En territorio valenciano el problema ya es preocupante. "El 40% de los núcleos de población, contando pedanías, no tiene sistema de depuración", explica Rodríguez, "y desde que gobierna el PP, hace ya dos años, no se ha construido ninguna planta nueva; sólo se ha inaugurado la de Orihuela". Pero la contaminación excede la frontera autonómica: "De los 1.500 puntos de vertido, 1.025 son de la comunidad murciana, y su capital, con 340.000 habitantes, vierte sus aguas residuales sin depurar". La planta, declarada de interés general, lleva un retraso de dos años. La depuradora costará 3.774 millones de pesetas. Entre las mejoras a la propuesta socialista se exige que en el 2005 no haya más vertidos contaminantes y que la Confederación Hidrográfica del Segura informe a las Cortes de todos los puntos de vertido. "La contaminación en una comarca turística y con agricultura de exportación no sólo es un problema medioambiental, también es sanitario", explica Rodríguez. Por otra parte, el consejero de Obras Públicas, José Ramón García Antón, anunció ayer a los diputados que la rebaja del peaje de la autopista A-7 ha supuesto un incremento del tráfico del 20%, informa Pere Joan Pons.