Pujol da garantías al Defensor del Pueblo sobre la ley del catalán
El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y el Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, hicieron ayer las paces sobre la ley del catalán. Al menos, unas paces aparentes: ambos se declararon satisfechos. Pero fue Álvarez de Miranda quien tenía más razones para estarlo: Pujol no sólo le ofreció "garantías y seguridades" de que la ley se aplicaría sin dañar los derechos de ciudadano alguno, sino que acordaron celebrar nuevas reuniones en cuanto surgiera alguna "pequeña discrepancia".
Una hora de conversación en la oficina del Defensor del Pueblo bastó para cambiar bastantes cosas. Pujol se mostró dolido muy recientemente ante el Parlamento catalán porque el Defensor del Pueblo, según dijo, sólo pensaba en los derechos de los castellanohablantes; ayer, sin embargo, percibió una "gran sensibilidad hacia los derechos de los catalanohablantes". Álvarez de Miranda, que en su carta del 8 de abril a las autoridades políticas catalanas recomendaba cambios en la ley y expresaba una clara preocupación ante los riesgos de inconstitucionalidad que entrañaba la aplicación de ciertos artículos, dijo ayer que la entrevista había "resuelto algunos malentendidos".El Defensor del Pueblo, sin embargo, mantuvo sus reservas. Dijo que había alcanzado con Pujol un "acuerdo general" pero "no un total acuerdo". Y añadió que durante el desarrollo reglamentario de la ley podían aún plantearse "algunas dificultades". En ese sentido, Fernando Álvarez de Miranda consideró imprescindible un contacto constante con la Generalitat para vigilar de cerca la aplicación de la ley del catalán y evitar que se cumplieran sus principales temores: "Que se impusiera como deber general el conocimiento del catalán y que se deteriorara el castellano como consecuencia del reforzamiento del catalán".
Álvarez de Miranda había decidido recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional. En el último momento cambió su decisión, "en conciencia, después de haber escuchado y leído numerosas interpretaciones y dictámenes y sin recibir presiones de instituciones o personas", pero hizo una larga serie de recomendaciones. Ayer, Jordi Pujol le entregó un documento que trataba de responder punto por punto a las sugerencias del Defensor del Pueblo y garantizarle que en ningún momento se vulneraría ningún derecho constitucional. Durante la conversación, Pujol insistió en que la ley sería aplicada de forma "muy gradual y consensuada", sin imposiciones y previa negociación con los sectores sociales y económicos afectados "para limar posibles aristas".
"Nosotros somos los más interesados en que la ley se aplique bien", explicó luego Pujol, "porque sólo así cumplirá sus objetivos: recuperar el catalán tras décadas de precariedad y aumentar la ya muy notable cohesión social en Cataluña". "Los derechos de todos, catalanohablantes y castellanohablantes, serán escrupulosamente respetados", siguió. "Hemos hablado a fondo porque nos conocemos y somos amigos desde hace muchos años, de cuando luchábamos contra el franquismo, y él ha aceptado positivamente mis explicaciones". En cuanto a mí", agregó Pujol, "he quedado muy tranquilizado y satisfecho".
