Un sistema de ayudas socialmente injusto

Mientras no se plantee el coste real de la educación universitaria en España y la polémica se limite a protestar porque las tasas suben un punto más o menos que el IPC, el problema no se enfocará adecuadamente, piensan los expertos, que además consideran que el actual sistema es muy injusto en términos sociales.El Estado sufraga más del 80% de la educación universitaria, pero el sistema de becas, aunque globalmente oneroso para el erario público, no impide que la escasez de recursos sea un impedimento para acceder a la Universidad. Es una gran paradoja que un joven de familia con recursos que se haya independizado, aunque sólo sea teóricamente, pero que pueda demostrar que vive en su propia casa y que no dispone de ingresos, pueda optar a una beca. Pero un estudiante de familia de recursos limitados que trabaja repartiendo pizzas a domicilio , justamente por ese hecho, no tiene derecho a ella.

El razonamiento es simple: si el erario se nutre en su mayor parte de los impuestos sobre la renta que se recaudan a los asalariados, se da la paradoja de que son éstos quienes están pagando la educación superior de los ricos profesionales que menos declaran a Hacienda. A la gran mayoría de las familias con rentas media-altas y altas, que llevan a sus hijos a una escuela privada con desembolsos superiores a las 50.000 pesetas al mes, la llegada de sus hijos a la universidad les supone un auténtico alivio económico, si bien el acceso a una universidad privada no supondría cambio alguno para esa familia.

Si no se soluciona la financiación de las universidades públicas, a la larga la emergencia de las privadas, mejor situadas para competir en el mercado docente, provocaría una situación de injusticia social.

El sistema de préstamos para devolver cuando la educación recibida da sus frutos en el mercado laboral parece el más justo, según muchos expertos. Como explicaba recientemente el rector de una universidad española a un ministro del Gobierno, la inversión en educación superior es una de las inversiones más rentables que puede hacer el Estado, pues se asegura de por vida un contribuyente que, por término medio, ingresará más del doble que otro que no tenga estudios universitarios.