Los rectores piden que las Cortes impulsen un Libro Blanco sobre la educación superior

Las reformas que despejarían algunos de los acuciantes problemas que aquejan a la Universidad española permanecen congeladas, mientras los países europeos se preparan para el reto del futuro. La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), por medio de su presidente el rector de la Autónoma de Barcelona, Carles Solà, ha pedido al presidente del Congreso, Federico Trillo, que el Parlamento español promueva la creación de una comisión similar a la que puso en marcha en el Reino Unido el llamado informe Dearing, un exhaustivo Libro Blanco sobre la educación superior británica.El informe, titulado Higher education in the learning society (Educación superior en la sociedad del aprendizaje), fue encargado en mayo de 1996 por el Gobierno de Londres, entonces presidido por el conservador John Major, al Comité Nacional de Informes en Educación Superior, que presidía Ron Dearing, y fue entregado en julio de 1997 al Gobierno laborista de Tony Blair, que lo hizo suyo.

En las recientes Jornadas de Consejos Sociales de Universidades Españolas, celebradas en marzo en Cáceres, se estudiaron las propuestas planteadas por el informe Dearing.

España, pese al gran crecimiento de su sistema universitario en los últimos años, dedica a cada alumno de educación superior menos de la mitad que el conjunto de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): algo más de 4.000 dólares anuales, sólo por encima de Grecia y Portugal. El porcentaje del producto interior bruto (PIB) es también inferior a la media de la OCDE. El informe Dearing recomienda que el gasto público en educación superior aumente cada año al ritmo del PIB, que sitúa en un 2%. Además, el importe debe determinarse con una antelación de tres años.

El informe Dearing analiza desde los métodos de formación a la presencia de las ciencias básicas o las humanidades, e insiste en la necesidad de que la educación del futuro sea continuada y en que las universidades sean una extensión de la vida del ciudadano para toda su existencia. Pero uno de los puntos que, por su urgencia, más interesan a los rectores españoles es cómo plantea las posibilidades de financiación en el futuro.

Paga más quien más tiene

El sistema de ayudas, dice, debe ser equitativo y hacer posible un amplio acceso a la educación superior. Pero, además -y esto es una novedad-, «los que tienen recursos económicos deben hacer una contribución mayor a sus propios costes». Pide asimismo que los graduados que se han beneficiado de los estudios contribuyan cuando trabajen a la financiación de la educación superior, si bien esta contribución debe ser realista y posibilista, para no desanimar al estudiante.En el Reino Unido, las ayudas para estudiantes se distribuyen actualmente a partes iguales entre becas y préstamos a muy bajo interés y largo plazo financiados con fondos públicos, independientemente de los medios económicos de los alumnos. La matrícula, es decir, los costes de la enseñanza, corrían hasta ahora a cargo del erario público, aunque a partir del próximo curso habrá tasas para todos.

En España el coste de la educación universitaria es sufragado en un 83% por el Estado. Las tasas suponen, como media, un 17% del coste. Sin embargo, no existe el concepto de préstamos con fondos públicos, y las ayudas o becas, pese a su alto montante global, se reparten de tal manera que en ningún caso aseguran el acceso a la educación superior de los menos favorecidos.

El informe Dearing plantea varias alternativas económicas:

» La primera es mantener la matrícula gratuita, suprimir las becas y sustituirlas todas ellas por préstamos.

» La segunda es todo lo contrario: suprimir los préstamos y destinar el ciento por ciento de los fondos públicos para becas, aunque el 25% del coste real de la matrícula correría a cargo del becario, que la pagaría mientras estudiase o por medio de un préstamo que devolvería cuando trabajase.

» La tercera opción es que el 50% de los fondos públicos se destine a becas, según los recursos económicos, y el otro 50% a préstamos que se podrán devolver cuando se trabaje.

» La última alternativa consiste en que los alumnos no reciban becas, sino préstamos, independientemente de sus ingresos, y los devuelvan cuando trabajen, según sus niveles de ingresos. La matrícula, en este caso, también correría en un 25% a cargo del alumno, en función de sus medios económicos. Para estos préstamos y cubrir eventualidades se ha pensado en unos seguros que los cubran. En su recomendación al Gobierno, los responsables del informe Dearing se inclinaron por la tercera opción. Pese a todo, el informe aclara que esta solución no generaría los recursos necesarios, sobre todo a corto plazo.

Pero en términos más generales, la recomendación final insta al Gobierno a introducir un sistema de pago, según los ingresos de los graduados cuando trabajen, de aproximadamente un 25% del coste medio de los estudios de enseñanza superior, así como introducir el elemento medios económicos en los préstamos, de modo que sólo se puedan beneficiar los alumnos con nivel de renta bajo.

El informe Dearing no entra demasiado en el tema de la financiación privada de las universidades con donaciones o ayudas de empresas, dado que en el mundo anglosajón, al contrario que en España, hay una gran tradición. Sirva como ejemplo que en el curso 1995-1996, el sector empresarial y las organizaciones privadas no lucrativas del Reino Unido aportaron 200.000 millones de pesetas.