Europa busca la "luz verde" de EE UU para comerciar con Libia, Irán y Cuba

La Comisión Europea y Estados Unidos negocian contra reloj un acuerdo que ponga fin a su áspero litigio sobre las leyes norteamericanas Helms-Burton y D"Amato-Kennedy (que amenazan con sanciones a los países que negocien, respectivamente, con Cuba y con Irán y Libia). Los europeos consideran estas leyes extraterritoriales y, por tanto, contrarias a las normas sobre el libre comercio mundial. El acuerdo debe alcanzarse antes del lunes, día en el que se celebrará en Birmingham la cumbre transatlántica.

Pese al optimismo -aunque cauto- del comisario León Brittan, la negociación parece encallada en los mismos obstáculos que hace seis meses. Hay un solo, aunque significativo avance: los compromisos expresados el domingo pasado por la secretaria de Estado norteamericana, Madeleine Albright, en favor de conceder a la Unión Europea un estatuto especial que deje a sus empresas fuera del alcance de ciertos aspectos de las dos polémicas leyes. Esa es una de las eternas reclamaciones europeas -convertir en definitivas las semestrales suspensiones del título III de la ley Helms-Burton para las empresas comunitarias-, pero no la única.Los obstáculos siguen siendo muchos. Europa quiere que la negociación abarque no sólo a la ley Helms-Burton, que penaliza ciertas inversiones en Cuba, sino también a la ley D"Amato-Kennedy sobre inversiones en Irán y Libia. Por esta última ley sigue pesando una amenaza de sanción -que nunca acaba de llegar- contra el gigante petrolífero francés Total. Washington se resiste a mezclar ambas leyes en una misma solución definitiva.

La parte europea quiere también garantías sobre la seguridad jurídica que amparará a sus empresas tras la modificación de la normativa norteamericana. Y, sobre todo, ambas partes siguen encalladas en el punto que impidió un acuerdo hace seis meses: que la ley quede en suspenso, no sólo para las inversiones que ya se han realizado en propiedades expropiadas, sino también a las que se realicen en el futuro en esas mismas propiedades expropiadas por el régimen de Fidel Castro a ciudadanos norteamericanos en territorio cubano.

La Comisión Europea está dispuesta a admitir que se dificulten las inversiones en propiedades que sean expropiadas en el futuro por el Gobierno de La Habana, aunque la fórmula jurídica adecuada para imponer esta prohibición exige encontrar antes un difícil acuerdo entre los socios comunitarios. Los Quince quieren también que se defina con toda claridad qué se entiende por inversión, y piden que la suspensión definitiva afecte no sólo al título III de la ley Helms-Burton (la posibilidad de denunciar ante tribunales de Estados Unidos y sancionar a empresas extranjeras por operar en Cuba) sino el título IV (que autoriza represalias contra los ejecutivos de esas empresas y sus familiares).

El acuerdo es difícil, no sólo porque no hay avances definitivos respecto a negociaciones anteriores, sino porque cualquier pacto entre la Administración de Clinton y la Comisión Europea tiene que pasar el cedazo del Congreso de Estados Unidos y del Consejo de ministros de la Unión Europea.