Defensa pondrá en venta las 4.088 hectáreas que compró para el campo de tiro de Anchuras

Casi 10 años después de su aprobación, el 20 de julio de 1988, el Consejo de Ministros decidió ayer derogar el real decreto por el que se declaró de interés para la defensa nacional la zona de Anchuras (Ciudad Real), con el objetivo de instalar un campo de tiro para el Ejército del Aire. Defensa pondrá en venta, a través de la Gerencia de Infraestructura, las 4.088 hectáreas que adquirió en la zona. El Gobierno del PP renunció en septiembre de 1996 al polígono de tiro, tras una polémica entre los ministros de Defensa, Eduardo Serra, y Medio Ambiente, Isabel Tocino.

La decisión del Consejo de Ministros pilló ayer por sorpresa a los miembros de la Coordinadora para la Defensa de Anchuras, que se constituyó para oponerse a la instalación del campo de entrenamiento. Santiago Martín, alcalde de la localidad cuando se aprobó el decreto, expresó su alegría, todavía teñida de escepticismo. "La lucha permanente del pueblo de Anchuras ha dado sus frutos, pero no me lo creeré hasta que lo vea publicado en el BOE", dijo.El exalcalde advirtió que aún quedan muchas incógnitas por despejar, como el futuro de las fincas adquiridas por el Ministerio de Defensa, cuya titularidad pública defiende la coordinadora, informa desde Ciudad Real María Rivas.

"La ministra Tocino dijo que se estudiaría alguna figura de protección para Anchuras, dada su proximidad al Parque Nacional de Cabañeros, y ahora debe aclarar qué protección va a tener", añadió.

Fuentes de Defensa explicaron que su propósito es desafectar las propiedades y ponerlas a disposición de la Gerencia de Infraestructura para su posterior venta. El departamento que dirige Eduardo Serra tiene un total de 4.088 hectáreas en la zona, distribuidas en cuatro fincas: Dehesa de El Rosalejo (2.781 hectáreas), Las Peñascosas (670), Dehesa de La Sevilleja (550) y Dehesa de El Arreciado (87).

Estas fincas fueron adquiridas mediante permuta, a cambio de los terrenos que el propio ministerio había comprado antes en Cabañeros. Defensa ha estudiado la posibilidad de deshacer estas permutas, pero ha renunciado finalmente a la idea en favor de la venta.

El presidente del Patronato del Parque Nacional de Cabañeros, Antonio Salinas, dijo ayer que la decisión del Consejo es "una gran noticia para el parque, porque la instalación de un campo de tiro en Anchuras hubiera sido un gran riesgo para Cabañeros", informa Efe. Salinas descartó una ampliación del perímetro del parque nacional y agregó que "es indiferente que El Rosalejo sea de titularidad pública o privada, de las dos formas se pueden llevar a cabo medidas de protección".

Extinción de empleos

La venta de las fincas dejará sin trabajo a unas 20 personas que fueron contratadas por Defensa para tareas de vigilancia y mantenimiento. Entre los contratados estaban algunos concejales socialistas, lo que agudizó la división de los vecinos.

La derogación del decreto ha sido un proceso muy lento y complejo. El último hito se cumplió cuando la Junta de Defensa Nacional, presidida por el Rey, decidió desclasificar el expediente sobre Anchuras, que en su día fue declarado secreto. La renuncia al polígono de tiro se hizo pública en septiembre de 1996, a los cinco meses de la llegada del PP al poder, después de que el ministro Eduardo Serra dijera en el Congreso que Anchuras seguía siendo de interés para la defensa.

La ministra Isabel Tocino, responsable de Medio Ambiente y diputada por Toledo, le contradijo de inmediato, asegurando que "Anchuras no tendrá campo de tiro", en coherencia con las promesas efectuadas por su partido cuando estaba en la oposición. Aznar zanjó el asunto en favor de esta última y obligó a Serra a rectificar.

La decisión del Gobierno no resuelve, sin embargo, el problema que dio origen al conflicto: la necesidad de que el Ejército del Aire tenga un polígono de tiro. El único disponible actualmente es el de Bardenas Reales (Navarra), pero su arrendamiento expira en el 2002.

Defensa ha estudiado otras alternativas, como usar algún campo de maniobras del Ejército de Tierra, especialmente el de Chinchilla (Albacete), pero se ha topado con la oposición de las autoridades locales y regionales. El portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, mostró ayer su confianza en que "el final de la batalla de Anchuras no suponga el inicio de la de Chinchilla".